No presiona al gobierno huelga de hambre de transportistas

Culiacán, Sin.- El Gobierno del Estado no puede ni debe violentar las leyes que regulan el servicio de transporte público, para dar respuesta a las demandas del grupo de choferes que se mantienen en huelga de hambre en Palacio de Gobierno, y que quieren conseguir sus objetivos a través de chantajes y al margen de la legalidad.Esta es la postura emitida por el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Vialidad y Transportes, con relación al movimiento de protesta emprendido por quienes se ostentan como dirigentes de la Unión de Auténticos Trabajadores del Volante del Servicio Rápido del Transporte Urbano y Suburbano de Culiacán, A. C.Como antecedente, el pasado 2 de agosto se convocó a una reunión a los huelguistas, quienes fueron encabezados por el señor Baldomero Díaz Rodríguez, uno de los que dicen ser el secretario general de la organización, pues la otra persona que argumenta ser el legítimo dirigente es Candelario Velázquez Ríos.En dicho encuentro celebrado en la Dirección de Gobierno, se reiteró la propuesta del Gobierno del Estado de atender la demanda de los manifestantes, que es el otorgamiento de 57 permisos para operar 7 nuevas rutas del transporte urbano, siempre y cuando se dirima el conflicto interno de la Unión, sobre la personalidad jurídica de la misma, ya que dos personas distintas aseguran ser los dirigentes.La respuesta obtenida del grupo de manifestantes fue la misma: no aceptarla, ya que argumentan que sería mucho tiempo para integrar el expediente y como no están dispuestos a esperar demandaron que sea de inmediato la entrega de las concesiones y permisos, a través de un decreto que emita el Ejecutivo del Estado.Además añadieron otra solicitud a sus demandas, que sea el propio Gobierno del Estado el que financie con sus recursos la adquisición de las unidades con las que se pretende prestar el servicio, lo cual contraviene la Ley de Tránsito y Transportes, así como su Reglamento General, que son los que regulan la prestación del servicio del transporte público en Sinaloa.?Por todos estos antecedentes y circunstancias que se ponen a consideración de ustedes, es pertinente destacar que estamos ante la presencia de un grupo que pretende conseguir sus objetivos a través de chantajes y al margen de la legalidad, por lo que este Gobierno no puede ni debe violentar las leyes que regulan el servicio del transporte público en el Estado de Sinaloa para dar una respuesta en el sentido que la quieren este grupo de manifestantes, por lo que de ninguna manera aceptaremos presiones de ninguna índole como las que actualmente están ejerciendo este grupo de personas?, se establece en el posicionamiento emitido.Como anteriormente se dio a conocer, la Dirección de Vialidad y Transportes no está en condiciones de atender la solicitud de las concesiones, mientras no se dirima el conflicto interno de la organización, ya que de acuerdo al expediente, el primer secretario general, Candelario Velázquez Ríos, quien fue electo en asamblea con fecha 20 de septiembre de 1998, al parecer fue destituido en otra asamblea con fecha 13 de diciembre del 2009, en la cual se nombró como secretario general al señor Baldomero Díaz Rodríguez, y se expulsaron además a 37 socios, de los 57 que la conformaban en ese entonces, y admitiendo a 38 nuevos miembros para totalizar 59 socios.Es importante destacar que de estos 59 agremiados, únicamente 24 están registrados en la Dirección de Vialidad y Transportes como operadores del transporte urbano, lo que quiere decir que los 35 restantes no son choferes, lo cual es evidente que violenta el propio artículo 5to. de los estatutos que rigen la vida interna de esta agrupación.