Culiacán, Sin.- El juicio oral que se le sigue a la exdirectora administrativa de la Secretaría de Salud en Sinaloa, María Alejandra Gil Álvarez, acusada de los delitos de ejercicio indebido de la función pública y desempeño irregular de la función pública, entró en receso hasta el lunes 23 de marzo al no localizarse al extitular de la dependencia Ernesto Echeverría Aispuro.
Al reiniciarse la etapa de debate público del juicio luego de un receso de ocho días, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada explicó que agotaron todos los mecanismos legales para que el exfuncionario se presentara como testigo de la defensa pero no fue posible pues en el domicilio ubicado en una privada de Culiacán, desde hace 28 días que la familia no está.
La defensa de la acusada insistió en que por estrategia al primer testigo que necesitaban era Echeverría, y consideraron que no se agotó el procedimiento de notificación para que compareciera en el juicio, pues solo se suscribieron a buscarlo en un domicilio cuando la Fiscalía proporcionó varios alternos.
Asimismo, el abogado defensor anunció que no se presentaría como testigo el perito Gildardo López Amarillas porque se encuentra en cuarentena al haber acudido a la Ciudad de México y recibir indicaciones de la Secretaría de Salud de aislarse por 14 días por proceder de un lugar con casos confirmados de coronavirus.
La jueza no aceptó los argumentos de la ausencia del perito por pandemia, ni la insistencia de los abogados de que el primer testigo fuera el exsecretario de Salud; lo primero porque Sinaloa está en fase 1 y ya se tienen las medidas implementadas para ello, y lo segundo porque el exfuncionario se ha mostrado hostil y no lo consideraba un pilar firme en la teoría de la defensa.
Solamente compareció la perito contable de la Fiscalía General del Estado, Cintia Selene Ortegón Acosta, quien fue la persona que emitió un dictamen pericial y una opinión técnica donde determinó que fue ilegal el pago de más de 14 millones de pesos a Herramientas Médicas S.A de C.V por servicios de imagenología.
La funcionaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, mencionó que de acuerdo a la ley debió hacerse una licitación pública y no una adjudicación directa, pues tampoco se cumplía con la excepción para un contrato de esa naturaleza, y además, no se realizó el estudio de mercado.
La perito contable expresó que hubo quebranto a la Hacienda Pública, pero la defensa la cuestionó porqué afirmaba eso si el dinero se utilizó en el pago de servicio de imagenología a través del Seguro Popular.
Afirmó que sí se hizo el estudio de mercado pero que para emitir el dictamen pericial no se solicitó a la Secretaría de Salud para allegarse de todo lo necesario, tal y como lo establece el Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, que da por válido el procedimiento acreditando tres cotizaciones obtenidas 30 días antes de la contratación.
Para el lunes se reprogramaron las comparecencias de Ernesto Echeverría Aispuro, Gildardo López Amarillas y Obdulia Luque Camargo, de no presentarse los dos primeros, se declararía como desiertos pues ya han sido notificados y en el caso del extitular de Salud, harán esfuerzos porque se presente mediante la fuerza pública.
