Culiacán, Sin.- La Ley General de Educación Superior no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, por la sencilla razón de que no ha llegado al poder Ejecutivo, justificó el gobernador Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado al respecto.
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El mandatario estatal negó que tenga intenciones de vetarla como se ha expresado en la opinión pública, luego de la polémica que ha generado por presunta intromisión a la autonomía de las universidades públicas.
Aclaró que, si los diputados comunican que en acuerdo con la universidad se pueda modificar la Ley General de Educación Superior, podría valorarlo y publicarlo como Gobernador.
“Si llegaran a platicar los diputados y las autoridades de la universidad y decir saben que, un detallito, este, esto, otra cosa, ellos ya no pueden modificar los diputados, pero los diputados pudieran solicitarme a mí, algunas cosas, si ellos me lo solicitan podría hacer yo una valoración y en razón de eso hacer la publicación”, precisó.
Asimismo, el gobernador Rocha Moya dijo que el Congreso del Estado tiene sus tiempos y se expresó respetuoso de éstos, además, que sólo le haría cambios si el poder Legislativo se los solicita.
Gobernador Rubén Rocha Moya
Anteriormente, Rocha Moya, reconoció que, en el estado, se trabajó la creación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, con las consultas que se realizaron con los grupos sociales involucrados.
Cabe mencionar que la aplicación de la Ley de Educación Superior corresponderá a las autoridades educativas del Estado y de sus municipios, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior, en los términos y ámbitos de competencia que la ley establece.
La Ley tiene por objeto:
- Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior;
- Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país y del Estado, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora, con un alto compromiso social, que pongan sus conocimientos y habilidades al servicio de la Nación, del Estado y de la sociedad en general;
III. Distribuir la función social educativa del tipo de educación superior en el Estado y sus municipios;
- Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior en el Estado;
- Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior con visión de Estado;
- Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior; y
VII. Regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.
También se establecen medidas que deben implementar las instituciones de educación superior en materia de igualdad de género y prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
De igual manera, se incorpora la obligatoriedad para la autoridad educativa estatal y las instituciones de educación superior de asegurar el acceso a la educación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, así como su permanencia, respetando y preservando su cosmovisión, sus identidades, sus costumbres, sus conocimientos ancestrales y su patrimonio histórico y cultural.
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