Culiacán, Sin.- No hay ninguna “instrucción” dada de manera previa a los agentes del Ministerio Público para que soliciten al juez la separación temporal del cargo del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, en la audiencia de este miércoles por el caso de los 45 millones de pesos gastados en tortillas.
Así lo aseguró la fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, al explicar que al entrar a una audiencia no se puede prever con precisión lo que pueda suceder ni se determinan previamente las solicitudes que se presentarán. Esto se debe a que estas decisiones dependen del comportamiento procesal de la persona imputada.
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“Cuando se entra a una audiencia, no se lleva especificado lo que ahí va a ocurrir o las solicitudes que se van a hacer. Eso depende del comportamiento procesal de la persona imputada o de la que se vaya a imputar y de lo que se vaya a argumentar”.
Ante esta respuesta, se le cuestionó nuevamente si la destitución del rector podría estar contemplada como una medida cautelar.
“Desde el momento en que está considerado como una medida cautelar, existe la posibilidad, pero no puedo afirmar que se vaya a solicitar. Eso dependerá de cómo se desarrolle la audiencia”, aclaró la fiscal.
“No, no hay ninguna instrucción. El agente del Ministerio Público responsable de la audiencia tiene total autonomía para tomar decisiones y solicitar la medida que considere adecuada, dependiendo de cómo se haya comportado la parte”.
Este miércoles, las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa se presentaron una vez más ante los juzgados para enfrentar acusaciones de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, por la compra presuntamente irregular de 45 millones de pesos en tortillas.
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Están acusados el rector Jesús Madueña, el exrector Juan Eulogio Guerra y el Comité de Adquisiciones de la universidad y se ha comentado que la Fiscalía podría pedir la suspensión temporal del cargo de Madueña Molina.
Cabe recordar que el rector ya está vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, debido a su negativa para permitir el ingreso de la Auditoría Superior del Estado a las instalaciones de la universidad.
