Culiacán, Sin.– Este miércoles, las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa se presentaron una vez más ante los juzgados para enfrentar acusaciones de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, por la compra presuntamente irregular de 45 millones de pesos en tortillas.
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A las 9 de la mañana dio inicio la audiencia en la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Zona Centro. A su llegada a los juzgados, el rector Jesús Madueña Molina expresó que iba tranquilo y a la espera de lo que determine el juez de control.
“Aquí venimos a cumplir con nuestra cita, tranquilos, esperando lo que ya sabemos; hay una consigna, pero nosotros tranquilos, vamos a ver qué es lo que hace el juez y ya después vendrán otras instancias para poner orden, para nosotros no hay ninguna sorpresa de lo que puedan hacer, pero estamos tranquilos”, expresó.
El rector reconoció que están contemplando una movilización estatal en caso de que se cometa un “abuso”, sin embargo, dijo que ello no paralizaría las actividades de la UAS.
“Esperamos lo que anda en medios, lo que anda rondando por ahí, pero ellos piensan que con eso nos van a rodear, pero no, vamos a seguir firmes defendiendo a la autonomía universitaria, no vamos a dar un paso atrás, vamos a dar la pelea en tribunales, en la calle, en donde sea, pero vamos a hacer sentir lo que es el respeto a la autonomía universitaria”.
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“Nosotros vamos a protestar donde sea, vamos a ir a los tribunales, seguir la defensa jurídica, tenemos derecho a la manifestación, pero hemos sido muy claros, la universidad no se va a paralizar, tiene una agenda, va a seguir su agenda”.
¿Estarían convocando a una manifestación estatal?
“Sí, es parte de”.
Por el caso de los 45 mdp en tortillas, están acusados el rector Madueña, el exrector Juan Eulogio Guerra y el Comité de Adquisiciones de la universidad.
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La audiencia inicial de este caso ya fue diferida en dos ocasiones, primero el 21 de julio y después el 31 de agosto.
Por separado, Madueña Molina enfrenta otras acusaciones por abuso de autoridad, donde ya fue vinculado a proceso, y otra por ejercicio indebido del servicio público, por la compra presuntamente irregular de 77 millones de pesos en carne.