Los Mochis, Sin.– Con reformas de importancia a la ley, la mujer avanza en puestos públicos, pero se necesitan adecuar normas para concretar la sanción y negar candidaturas a cargos de elección popular a quienes sean condenados por violación sexual, agresión política en razón de género o por ser deudores morosos de alimentos, opinó Gloria Icela García Cuadras.
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La consejera del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reveló que a pesar de que se han emitido resolutivos donde los tribunales establecen que se cometió la infracción de violencia política, no han llegado a la sanción porque la sentencia no ordena la pérdida de un modo honesto de vivir que es lo que impediría el registro de una candidatura.
Al ofrecer la conferencia “Violencia Política Hacia las Mujeres”, con motivo de los 16 días de activismo en el municipio de Ahome para reprobar las agresiones contra ellas, la consejera del IEES mencionó que los estados de Oaxaca, Jalisco, Sonora, Tabasco y Yucatán ya hicieron adecuaciones a sus leyes para que se nieguen los registros.
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“Lo que necesitamos es una norma que diga que no pueden ser electos, las personas mujeres y hombres que tengan resoluciones por infracciones de violencia política contra las mujeres, personas que son deudoras alimentarias morosas y personas que cometieron delitos sexuales, esos tres elementos ya los legislaron en algunos estados”, dijo.
Lamentó que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se respalde la impugnación a la norma que se modificó en Yucatán para los casos que los hombres que no cumplen con la pensión de alimentos porque considerar que se le niega el derecho al trabajo, cuando detrás de esa situación hay una mujer que debe tener dos ingresos para sostener a sus hijos y eso le impide su desarrollo profesional.
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Reveló que los casos de violencia política en razón de género son más de los que se hacen públicos, porque muchos no se denuncian por miedo a represalias, porque quienes postulan candidaturas son los partidos y si una mujer levanta la voz les esconden las convocatorias para que no se registre como aspirante o bien no les dan los recursos para el proselitismo.
