Culiacán, Sinaloa. El llamado a reducir el gasto en la política y hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones electorales comienza a tomar eco en los congresos locales. En Sinaloa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa respaldó el “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que va en línea con una exigencia ciudadana de austeridad.
De acuerdo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el estado figura entre los últimos lugares en gasto por diputado y regidor, lo que refleja una política de contención que, aunque ha generado presiones internas, se ha mantenido como criterio en el ejercicio público.
“Sinaloa es de los estados que están en los últimos lugares en cuanto a erogación por diputado y por regidores. Tenemos años sin aumentos salariales y hemos mantenido un criterio de austeridad; la clase política estamos obligadas a actuar con congruencia y evitar el derroche”, expresó.
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Guerra Ochoa reconoció que al interior del Legislativo han existido solicitudes de mejora salarial ante el contexto inflacionario y el incremento al salario mínimo, sin embargo, insistió en que el compromiso debe ser sostener un manejo responsable de los recursos públicos.
La diputada también planteó la necesidad de revisar la estructura de representación política, particularmente en figuras como regidores y síndicos procuradores, donde, dijo, persisten dudas sobre su número y funcionalidad.
En ese sentido, consideró que la propuesta federal abre la puerta a una reflexión más amplia, incluso en aquellos aspectos que no prosperaron, como la reducción del número de senadores o los cambios en la elección de diputados plurinominales.
Más allá de los ajustes específicos, subrayó que el fondo del planteamiento es avanzar hacia una “reingeniería” institucional que permita hacer más con menos recursos, tanto en el ámbito federal como en los estados.
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¿Qué busca el “Plan B” de la reforma electoral?
Principalmente reducir costos del sistema político-electoral, optimizar estructuras y promover un uso más eficiente de los recursos públicos en instituciones y procesos electorales
