Guasave, Sinaloa. El desplazamiento forzado interno continúa siendo una realidad en Sinaloa, con más de tres mil familias registradas en esta condición, mientras ciudades como Guasave, Los Mochis, Mazatlán y Culiacán se consolidan como principales puntos de recepción.
Durante una mesa intersecretarial realizada en Guasave, el titular de Sebides, Omar López Campos, señaló que el fenómeno se atiende con un enfoque sensible y coordinado entre los tres niveles de gobierno, priorizando la protección de las víctimas.
“Es un fenómeno complejo que se tiene que atender con sensibilidad y con mucho cuidado, sobre todo para garantizar la seguridad de las víctimas y no cometer una revictimización; lo atendemos con responsabilidad, brindando primero lo básico como comida, techo y ropa, y después aplicamos una evaluación para identificar cada caso y dar el seguimiento adecuado”.
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El funcionario explicó que la estrategia contempla atención inmediata para quienes llegan en situación de desplazamiento, brindando apoyo básico como alimentación, refugio y vestido, antes de aplicar un proceso de evaluación para confirmar su condición.
Indicó que, aunque gran parte de los casos provienen de zonas serranas consideradas expulsoras, no todos los desplazamientos están relacionados con la inseguridad, ya que también influyen otras condiciones sociales, por lo que todos se atienden bajo el mismo protocolo.
Ante este escenario, destacó la importancia de fortalecer la atención en municipios receptores, donde las autoridades locales juegan un papel clave para canalizar apoyos y brindar acompañamiento a las familias.
Finalmente, reiteró que uno de los principales retos es generar condiciones que permitan el retorno seguro de las familias a sus lugares de origen, una tarea que requiere la participación conjunta de autoridades estatales, federales y municipales.
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¿Qué tipo de apoyo reciben las familias desplazadas al llegar a un municipio receptor?
Reciben atención inmediata con lo básico como alimentación, refugio y ropa, y posteriormente se les aplica una evaluación socioeconómica para confirmar su condición y darles seguimiento con apoyos institucionales y acompañamiento.
