Culiacán, Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer los cuatro proyectos de movilidad interna que planteó para el presupuesto 2025 de Gobierno Federal, y que se está a la espera de su confirmación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transportes.
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Tal y como lo anunció recientemente, dos obras son para Culiacán: el malecón margen izquierdo del Río Culiacán, el cual consistirá en un tramo de 6 kilómetros, y el enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez.
En el caso de Mazatlán, se propuso la construcción con recursos federales del paso superior carretera México 15 a Óscar Pérez Escobosa, y en Guasave el puente de Las Glorias-Bellavista.
“Me lo están examinando, ya me reuní con el secretario de Comunicación y Transporte. En 15 días quedamos para que me diga que va a pasar (…) si nos ayudan que bueno, y si no vamos a hacer el esfuerzo nosotros”, declaró.
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Fue el pasado jueves 21 de noviembre cuando el gobernador se reunió en la Ciudad de México con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, quien se comprometió a dar una respuesta en 15 días.
En agosto, cuando Claudia Sheinbaum Pardo era presidenta electa, el gobernador presentó los proyectos de mayor relevancia para Sinaloa en el segundo periodo federal de la Cuarta Transformación, entre ellos los proyectos de movilidad de las ciudades, carreteras estatales y el Plan Hidráulico del Noroeste, por mencionar algunos.
De los proyectos que presentó, cuatro han sido considerados como prioritarios por Gobierno del Estado, sin embargo, había incertidumbre en relación con que fueran incluidos en el presupuesto del próximo año.
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Esto se debe a la deuda de 2 mil 200 millones de pesos que se generó en la pasada administración, debido a auditorías irregulares que realizó a contribuyentes federales el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates).
Rocha Moya explicó que previendo esta situación, desde semanas atrás realizó gestiones en la Ciudad de México, para que el SAT no castigara a su gobierno al suspender el convenio para la realización de las auditorías, pues representa dejar de recibir 3 mil 800 millones de pesos de impuestos de los contribuyentes federales a los que el Estado puede auditar. Gestión que tuvo éxito.
