Los Mochis, Sin.- Los jornaleros agrícolas de origen indígena no solamente sufren explotación laboral en Sinaloa, sino que se han registrado muchos casos donde jovencitas son violadas por los mayordomos de los predios y se regresan a sus lugares de origen embarazadas o les provocan el aborto, denunció Juan José López García.
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El coordinador del Movimiento Unificador Lucha Triqui afirmó que están saliendo a la luz las irregularidades en los campos agrícolas tras la muerte de la pequeña Lupita en Juan José Ríos y el cuadro de desnutrición de otros menores, pero desde hace mucho que se violentan los derechos humanos de los jornaleros.
Comentó que los enganchadores les mienten, les prometen buen sueldo, prestaciones sociales, vivienda y apoyo alimenticio durante su estancia, pero nada les cumplen y los tienen en situaciones insalubres.
“Ahora sí esta parte que abusan de ellas los mismos encargados, los mismos mayordomos, abusan de ellas es lamentable, ha habido jovencitas que les practican el aborto, les tiran el bebé y algunas se regresan embarazadas, o sea es lamentable, desde cuándo está sucediendo esto, que bueno que el gobierno del doctor Rocha por lo menos está viendo y aún falta mucho”, expuso.
En ese sentido, exhortó al Gobierno del Estado a que se establezca una mesa de trabajo, donde puedan participar para aportar la información que tienen en sus recorridos por los campos agrícolas de la entidad, porque las fallas no solamente se tienen en la zona de Guasave, pues también hay abusos en Navolato, en Escuinapa, Villa Unión y La Cruz de Elota.
Asimismo, consideró que los indígenas no son importantes para el gobierno, porque no son rentables electoralmente y por ello son ignorados en sus peticiones de tener un trabajo digno, con las prestaciones que marca la ley.
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Comentó que no es posible que primero se den cuenta las autoridades de otros países de la explotación laboral que hay en la actividad hortícola, antes que el gobierno local, y esto ocurre por falta de supervisión por parte de la Secretaría del Trabajo y de la Comisión Estatal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
