Los Mochis, Sinaloa. El nuevo Gobierno Federal que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe detener la práctica de la desaparición forzada porque desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico ha ido aumentando el número de víctimas y los estudios que hay en Sinaloa indican que cada 8 horas una persona no regresa a su hogar, expresó el fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.
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Durante la tercera reunión de colectivos con familiares desaparecidos realizada en Los Mochis, el activista informó que la idea es reencontrarse porque es necesario crear un consejo ciudadano estatal que coordine campañas de prevención contra este delito, que el Registro Nacional de Desaparecidos tiene estadísticas de 15 mil 415 desaparecidos en nuestro país, mientras que en Sinaloa la página de la Fiscalía registra 4 mil 200 desaparecidos pero que es un hecho que las cifras negras son más grandes.
Añadió que hace falta elaborar un protocolo social en el que se establezca lo que la sociedad puede hacer desde el primer momento que tiene noticias de una desaparición forzada, como denunciar formalmente ante el ministerio público y ante organismos de derechos humanos, así como nombrar un consejo ciudadano que ayude a coordinar precisamente el esfuerzo que se haría en campañas de prevención para la desaparición.
“Nombrar un consejo ciudadano que pueda ayudarnos a coordinar campañas de prevención para la desaparición y decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer desde el primer momento para que todos podamos accionar, salir a la calle, presentarnos a las oficinas públicas, inundar las redes, etcétera. las experiencias últimas nos han dicho que cuando esto hacemos en la mayoría de los casos en los que hemos intervenido, han regresado las personas”.
Loza Ochoa destacó que la autoridad no está haciendo lo suficiente pues hay quejas de los familiares en el sentido de que no están recibiendo el mejor trato posible de parte de los ministerios públicos y de los investigadores.
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El defensor de los derechos humanos puntualizó que debe haber un consejo ciudadano estatal que le dé seguimiento al trabajo que realizan las fiscalías especializadas e incluso propuso hacer guardias precisamente en las fiscalías con el fin de hacer contacto de primer momento y asesorar a las personas para que no se sientan solos y para que haya mayor respeto por parte de los servidores públicos que deben de atenderlas.
