Guasave, Sinaloa. Insolvencia económica que imperó en el ayuntamiento durante los gobiernos de Ramón Barajas y Armando Leyson Castro, y que generó demandas tanto laborales como civiles, ahora recaen a la nueva administración como sentencias en contra de la comuna, que implica una obligación legal de solventar, a lo que suma un monto de casi 8 millones de pesos, a ex trabajadores, proveedores y constructoras.
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Daniel Hibraím López Armenta, director jurídico de la comuna, informó que tan solo en el Tribunal Municipal Laboral se encuentran 100 procesos que iniciaron desde el 2017, de los cuales, hay 16 laudos de extrabajadores que el ayuntamiento perdió ante el juez y que compromete al pago de cerca de 3 millones de pesos.
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Por otra parte, detalló que hay varios contratos de servicios que se adquirieron en el pasado que están en los tribunales, son alrededor de 50 procesos por la vía civil, casos de proveedores y constructoras que trabajaron y que no les pagaron, de los cuales, cinco el juez dictaminó en contra del gobierno municipal, algunos de estos todavía se está litigando, pero los que no implica el pago de la suma de 5 millones de pesos.
“Tenemos aproximadamente 100 procesos en el Tribunal Municipal Laboral, no son procesos que se iniciaron en esta administración; 16 que ya tienen una resolución no favorable para el ayuntamiento. También tenemos aproximadamente 50 otros procesos en la vía civil, de los cuales aproximadamente cinco, son los que tendríamos ahorita ya con alguna resolución en contra, no favorable, pero eso no quiere decir que ya estemos obligados al pago, sino que existen otras instancias en las que seguimos nosotros litigando”, explicó.
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En el tema laboral, el director jurídico mencionó que se está buscando la manera de solventar por medio de convenios directamente con los extrabajadores, y en el caso de los proveedores, hasta el momento solo hay un requerimiento de pago inmediato.
Sin embargo, Daniel Hibraím recordó que también están otros resolutivos en contra de montos muy elevados, como el caso de PASA, que ganó la demanda que inició en el gobierno de Aurelia Leal y que ahora está requiriendo el pago de 20 millones de pesos, proceso que se mantiene en litigio y se le está buscando la vía para evitar el posible golpe a las finanzas municipales.
