Culiacán, Sinaloa. Al menos 60 agresiones contra periodistas se han registrado en Sinaloa desde septiembre de 2024 a la fecha, en el marco de la actual ola de violencia en el estado, reveló Jesús Bustamante Rivera, integrante de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
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En entrevista, señaló que los ataques van desde el robo de herramientas de trabajo como teléfonos celulares y computadoras portátiles, hasta intimidaciones con armas de fuego. Incluso, algunos comunicadores han sido desalojados de los lugares donde realizan coberturas con el fin de impedirles seguir informando.
Expuso que también se han documentado prácticas de intimidación por parte de elementos militares, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional, quienes solicitan a los reporteros su credencial de elector, cuando bastaría identificarse con la del medio de comunicación y los fotografían sin consentimiento, lo que representa un riesgo para su integridad al exponer datos personales como su domicilio.
“Lo que ha sucedido, pues que te llegue una persona y te intimide con un arma de fuego. Yo creo que no necesita decirte que te va a matar para intuir que te quiere causar un daño fuerte. Eso ha pasado: compañeros que han sido víctimas de ese tipo de hechos. Recientemente, en El Pozo, Imala, algunos colegas quedaron atrapados en medio del fuego cruzado y algunos impactos los tenía directamente el vehículo”, dijo.
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Bustamante Rivera precisó que desde la creación del Instituto de Protección en 2022 se han registrado 198 agresiones: 97 contra periodistas y 101 contra personas defensoras de derechos humanos. No obstante, más de la mitad de estos casos ocurrieron en el último año, de septiembre de 2024 a agosto de 2025.
Jesús Bustamante Rivera, integrante de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. (Foto: Beatriz Piña).
Indicó que la mayoría de las agresiones, más del 90 por ciento, se concentran en Culiacán, aunque también se han documentado en Mazatlán, Guasave, Guamúchil y la región del Évora.
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Recordó que durante un hecho violento en la comunidad de El Pozo, en Imala, algunos reporteros quedaron atrapados en fuego cruzado y los vehículos con logotipos de medios de comunicación recibieron impactos de bala.
Aunque hasta el momento no se han documentado agresiones físicas directas, subrayó que la intimidación con armas constituye un ataque a la libertad de prensa.
Por último, insistió en que estas situaciones deben investigarse no solo como delitos patrimoniales, sino como atentados contra la libertad de expresión, porque si a un periodista le quitan su laptop o es amenazado mientras reportea, no es un simple robo, es un ataque directo a la labor periodística.
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