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Iniciativa de Rocha que busca enajenar edificio para Tec de Eldorado continúa su proceso legislativo

También avanza iniciativa para tipificar el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad a toda conducta que lleve a fabricar, poseer o portar instrumentos punzocortantes denominados “ponchallantas”

Diputados de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior: Daniel Antonio Cisneros Castro, Giovanna Morachis Paperini y Cinthia Valenzuela Langarica
Diputados de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior: Daniel Antonio Cisneros Castro, Giovanna Morachis Paperini y Cinthia Valenzuela Langarica | Foto: Cortesía

Culiacán, Sin.– La iniciativa presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien propone se le autorice para que a nombre y representación del Estado de Sinaloa, enajene a título de donación gratuita a favor del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, actualmente ubicado dentro de la demarcación territorial del municipio de en mención, cumplen los requisitos para continuar su proceso legislativo.

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Lo anterior fue determinado por unanimidad por los diputados integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior: Daniel Antonio Cisneros Castro, Giovanna Morachis Paperini y Cinthia Valenzuela Langarica, al igual que con tres proyectos más de iniciativa, sin embargo, se desecharon dos por no cumplir con los requisitos.

El objetivo es que el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado continúe con la prestación de servicios de educación superior tecnológica, en concordancia con los objetivos establecidos en su decreto de creación.

Asimismo, también continuó su proceso legislativo la iniciativa presentada por los ciudadanos José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales, quienes proponen adiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa e indican tipificar el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, definiéndolo como la conducta que realiza un sujeto en particular o en colaboración con un grupo criminal al fabricar, poseer o portar instrumentos punzocortantes denominados “ponchallantas”, que puedan ser utilizados para dañar o impedir el paso de vehículos particulares u oficiales.

En esta iniciativa se proponen sanciones de cinco a ocho años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario.

Asimismo, se prevé se aumenten las penas cuando la conducta sea cometida en contra de elementos de las Fuerzas Armadas o las instituciones de Seguridad Pública; cuando sean utilizados menores de edad para la perpetración del delito; y, cuando el responsable sea o haya sido servidor público, cinco años anteriores a la comisión de la conducta delictiva.

Sobre la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Madrid Pérez, integrante del Grupo Plural, que propone adiciones a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, tiene por objeto que el Estado, en coordinación con los municipios, promueva el establecimiento de Clínicas Veterinarias Públicas, con el fin de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario.

También en materia lergislativa, la iniciativa presentada por diputados de Morena, del Grupo Plural, del Partido del Trabajo y los legisladores sin partido, Deisy Judith Ayala Valenzuela y Sergio Mario Arredondo Salas, quienes proponen presentar ante el Congreso de la Unión decreto que reforma y adiciona el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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Esto con el objeto de fortalecer el derecho de las víctimas en materia de acceso a la justicia, a fin de que el imputado por sí o través de su representación, se abstengan de incurrir en conductas dilatorias o dilaciones indebidas que retrasen el procedimiento en la materia, tales como interponer recursos que no proceden, no colaborar para la práctica de las pruebas, no asistir a las audiencias donde su presencia es necesaria, cambio de abogados, entre otros, en los que se manifiesta la mala fe procesal contraría a las máximas de debido proceso, tutela judicial efectiva y de justicia pronta y expedita.

 

Fuente: Línea Directa

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Beatriz Piña

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