Los Mochis, Sinaloa. A raíz del caso de dos menores de edad que presuntamente fueron agredidas sexualmente en la comunidad de Las Cañadas en Sinaloa municipio y rescatadas por una familiar para refugiarlas en El Fuerte, donde sobresale que en noviembre del 2023 las adolescentes fueron atendidas en una clínica pública y no se dio vista a la Fiscalía General de Justicia, el colectivo feminista Sororas señala que el protocolo de atención y protección no se aplica en varias instituciones de salud.
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Alejandra Monserrat Limón Reyes, vocera de Sororas en Sinaloa, expresó a Línea Directa que en las atenciones que realizan a algunos casos de violencia sexual a menores de edad, observan que el personal de salud antes de dar vista, primero ponen a consideración de padres o tutores si pueden o no reportar la agresión sexual ante las autoridades.
“Nos ha pasado que nosotras reportamos que hay una víctima que es menor y básicamente les piden a los padres la autorización para que se haga este aviso a las autoridades correspondientes, entonces, ahí está el problema, a que si el tutor no lo acepta entonces no puede entrar la Fiscalía”, dijo.
Para Limón Reyes la actitud adoptada por el personal de salud obstaculiza que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan tener acceso a la justicia y se les brinde protección. Sororas sustenta esta postura en las estadísticas que señalan que los agresores sexuales son principalmente personas muy cercanas a las víctimas y que, además, otro porcentaje alto conserva como “secretos familiares” los abusos y violaciones.
Explicó que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 establece los criterios para la prevención y atención del maltrato sexual:
“5.1. Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual, las cuales pueden ser identificadas desde el punto de vista médico, como la o el usuario afectado; al agresor, y a quienes resulten afectados en este tipo de situaciones”.
“5.2. Esta atención médica incluye la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la salud de los probables agresores”.
“5.5. Las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación con otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado, para realizar una oportuna canalización de las personas involucradas en violencia familiar o sexual, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se proporcione atención médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras”.
“5.6. La o el prestador de servicios de salud proporcionará la atención médica, orientación y consejería a las personas involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, debiendo referirlos, cuando se requiera, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva (en caso de requerirlo, a un refugio), a fin de lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección, así como apoyo legal y psicológico para los cuales estén facultados”.
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Es decir, legalmente existe un protocolo diseñado para la atención de los casos de violencia sexual y sobre todo la actuación precisa del personal de salud, por este motivo, Sororas convoca a las instituciones a actuar y brindar apoyo a las víctimas de violencia sexual.
