Guasave, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existen indicios de maltrato físico y psicológico contra las menores Yaneth, Cristina y Ana, hijas de jornaleros agrícolas que fueron resguardadas por el DIF en Guasave.
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El vicefiscal de la zona norte, Isacc Aguayo Roacho, fue cuestionado por el caso que ha generado controversia en el municipio de Guasave por el resguardo de estas niñas que fueron encontradas presuntamente en situación de calle durmiendo debajo de la caja de un tráiler en la sindicatura de Ruiz Cortines, y por el cual ha habido una serie de protestas por parte de los padres.
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Al respecto, el funcionario recalcó que como autoridades al encontrar indicios de presunto maltrato la ley los obligó a actuar en consecuencia y separar a las niñas de sus familias para garantizar su seguridad e integridad en tanto se realizan las indagatorias.
“Hemos encontrado afectaciones físicas y psicológicas graves que nos obligan a actuar. No es una decisión arbitraria, es un deber legal”, afirmó.
El funcionario explicó que los indicios recabados en la investigación podrían derivar en cargos por lesiones y violencia familiar, dependiendo de lo que se determine en el proceso de indagatorias. Subrayó que esta medida no está relacionada con la falta de recursos de los padres, sino exclusivamente con la presunta violencia ejercida contra las menores.
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¿Qué pasará con las niñas?
La Fiscalía General del Estado indicó que las niñas permanecerán por lo pronto bajo resguardo, y su futuro dependerá de la evolución del caso y de las medidas que tomen los padres para enmendar la situación.
“Si los padres demuestran cambios positivos como asistir a terapia o mejorar sus condiciones de cuidado, podrían recuperar la custodia. De lo contrario, podrían perderla de manera definitiva”, advirtió el vicefiscal en la zona norte.
Aguayo Roacho también hizo un llamado a los familiares y a la sociedad para evitar que el caso se utilice con fines mediáticos o políticos, ya que lo prioritario es el bienestar de las menores.
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Si las investigaciones confirman las agresiones físicas y psicológicas, los padres podrían enfrentar consecuencias penales, dependiendo de los delitos que les sean imputados.
“Es un proceso que puede extenderse hasta un año, dependiendo de los recursos legales que interpongan las partes”, precisó.
La Fiscalía reiteró que la decisión de separar a las menores de sus padres fue una medida de protección respaldada por la ley y que cualquier cambio en la situación deberá ser determinado por un juez, por lo pronto tendrán que seguir bajo resguardo de DIF en la casa hogar “Nuestra del Rosario”, hasta que su situación legal se defina.
