Culiacán, Sinaloa. La diputada integrante Gloria Himelda Félix Niebla aseguró que entre los poderes Legislativo y Ejecutivo hay acompañamiento y coordinación para entrarle con firmeza en sus respectivos ámbitos y cerrarle el paso a la corrupción, y que además la sociedad perciba que hay transparencia y un uso correcto de los recursos públicos.
Quien forma parte como secretaría de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, explicó las recientes reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa para combatir la corrupción y aplicar sanciones más severas a funcionarios públicos que incurran en este delito.
“Yo creo que existe una plena firmeza para entrarle con todo lo que esté a nuestro alcance en nuestro ámbito competencial para cerrarle el paso a la corrupción”, dijo.
Félix Niebla añadió que entre los cambios aprobados por unanimidad se establecieron previsiones para el uso ilícito de las atribuciones y facultades de los servidores públicos cuando se extralimitan en sus competencias sin facultades.
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En el abuso de autoridad mencionó que se establecen desde uno hasta ocho años y la autoridad podrá agravar la pena conforme a los actos, es decir, cuando el monto de lo fraudeado o el monto de lo que se hizo mal uso no acceda a tales o cuales Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Por ejemplo, expuso, en el artículo 303 denominado delitos de coalición de servidores públicos, que es el que se lleva a cabo cuando se tiene un grupo de servidores públicos que se ponen de acuerdo o se coaligan para tomar medidas y no cumplir con lo que les está mandatado, la prisión será de siete años.
Añadió que en el delito de peculado ahora todos aquellos servidores públicos que para su beneficio o bien para un tercero, ya sea persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, bienes inmuebles y que utilice fondos públicos, ahí las penas pueden ir desde tres meses hasta 14 años de prisión, dependiendo de los montos.
En el delito de cohecho, que se aplica para el servidor público que por sí o por interpósita persona reciba dinero, las penas van igual desde tres meses a 14 años de prisión, agregó.
Resaltó que hay un delito novedoso, que se llama concusión de servidores públicos, que se refiere a cuando estamos nosotros obligados como ciudadanos a pagar impuestos, a pagar revalidaciones, nos encontramos a servidores públicos que exigen una cantidad extra no prevista en la ley, y la penalidad para este caso va de los tres a los 12 años de prisión.
Expuso que la pena más gravosa, precisó, es de 20 años de prisión y esto tiene que ver por el monto de lo desviado vía mal uso de los recursos por los servidores públicos.
Con estas reformas, aseguró que ahora las autoridades que tienen la responsabilidad exclusiva de la impartición de justicia, cuentan con supuestos mucho más concretos de cuándo, cómo y qué rutas seguir, qué penas aplicar, porque la graduación de las mismas corresponde al juzgador conforme a la individualización de la pena.
