Culiacán, Sin. A 10 meses de persistir la ola de violencia en Sinaloa, desde el Congreso del Estado se trabaja en una iniciativa para aumentar las penas de homicidio simple y calificado y así endurecer el castigo para quien cometa estos delitos, misma que se contempla votar y aprobar en este mes de julio, informó la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa.
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En entrevista, detalló que lo que se propone es establecer una penalidad para homicidio simple de 12 a 24 años de cárcel, cuando actualmente es de 8 a 22 años, y debido a que muchos crímenes recientes se clasifican como homicidio calificado, la pena pasaría del rango actual de 20 a 22 años a un nuevo rango de 22 a 25 años de prisión.
“Vamos a seguir apostando desde lo institucional. Yo les decía que traemos reformas pendientes por fortalecer las sanciones para el tema de homicidio doloso, de homicidio calificado, sin embargo, también tenemos claro que no es lo único que hay por hacer”, dijo.
Guerra Ochoa reconoció que lamentablemente durante estos meses que se ha prolongado la violencia, a pesar de los esfuerzos institucionales realizados entre los gobiernos federal y estatal, aún hay áreas que necesitan fortalecerse.
Mencionó que hasta la fecha no dejan de doler en Sinaloa todas las víctimas que ha dejado como consecuencia esta guerra entre grupos delincuenciales.
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Asimismo, indicó que, al respecto, se ha planteado la necesidad de fortalecer protocolos en lo que respecta a la búsqueda e identificación de personas, ya que este es otro delito con alta incidencia.
La legisladora del Congreso del Estado puntualizó que también existe la urgencia de fortalecer la Unidad de Robo de Vehículo con más herramientas, a efecto de que no sean tan complicados los trámites para la ciudadanía al momento de perder su vehículo.
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Externó que, más allá de los esfuerzos normativos, como Poder Legislativo le van a seguir apostando a que la coordinación institucional entre la Policía Estatal, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los gobiernos estatal y federal.
Añadió que también le apuestan a que las futuras generaciones no tengan la tentación de involucrarse en actividades delictivas.
