Culiacán, Sin.– No es a través de bloqueos, manifestaciones ni actos de presión como los funcionarios y exdirectivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa van a resolver su situación penal, donde se les acusa de presuntos actos de corrupción, aseveró el gobernador Rubén Rocha Moya.
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El mandatario estatal publicó un mensaje en sus redes sociales después de que la reunión de trabajo que iba a sostener con diputados locales en el Congreso, con motivo de segundo informe de gobierno, tuviera que ser suspendida debido a la protesta que realizaron trabajadores de la UAS.
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Rocha Moya señaló que un grupo de ciudadanos, que pueden ejercer su derecho libremente a la manifestación, acudieron al Congreso con mucha anticipación y empezaron a manifestarse, al grado de llegar a bloquear los ingresos al recinto legislativo, lo que llevó a los diputados a decidir que no había condiciones para realizar la reunión de trabajo.
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Aclaró que como gobierno democrático no pueden utilizar la fuerza porque los gobiernos de la Cuarta Transformación no reprimen, y no pueden recurrir a esto para desalojar a ciudadanos que tenían sus razones para acudir al Congreso y hacer su manifestación.
Al mismo tiempo, el gobernador destacó que el bloqueo fue convocado por funcionarios y exfuncionarios de la UAS que están vinculados al Partido Sinaloense (PAS) y que han sido separados de su cargo por cuestiones de imputaciones de corrupción.
Mencionó que son ellos quienes quieren resolver su situación penal por la vía de la presión, asunto que se tiene que hacer únicamente ante los tribunales, no con manifestaciones o bloqueos.
“Ellos son los que quieren resolver por la vía de la presión su situación, tienen que hacerlo ante los tribunales. Los tribunales ya los han vinculado a proceso, es allá, no es con manifestaciones, no es con bloqueos como lo van a resolver. La justicia se aplica, para eso existe el estado de derecho y existen las vías por donde se resuelven los conflictos de esta naturaleza”, precisó.
El gobernador recalcó que los funcionarios de la Casa Rosalina que son imputados de delitos de corrupción deben aclarar su situación en el proceso judicial y no recurrir a que con la presión y provocación empujen al Gobierno del Estado a dar una solución que no pueden hacer, por no ser competencia del Ejecutivo.
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En el cierre de su mensaje, Rocha Moya mencionó que en el mismo periodo que la autoridad estatal entrega el informe a legisladores, es cuando se tiene que convocar a una sesión de trabajo para la comparecencia. En ese sentido, estará a la espera de la nueva fecha que los diputados van a definir, pero tendrá que ser en el actual periodo de sesiones, que termina el 31 de enero de 2024.
