Culiacán, Sin.- En la Ley de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el artículo V transitorio, se prevé la eventualidad de la creación de una Fiscalía Especializada que persiga los delitos en contra del grupo antes mencionado eso sigue vigente, sin embargo, el problema es que la Ley Orgánica del Congreso del Estado nos obliga a prever presupuesto.
En conferencia de prensa subrayó que al principio cuando se estableció el presupuesto para el estado de Sinaloa, después de ser aprobada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no se contempló porque no existía propiamente el planteamiento, por lo que expuso que quien presente una iniciativa tiene la obligación de acuerdo al artículo 136 de la ley orgánica a presentar el presupuesto, pues reiteró que el poder legislativo revisaron el caso y no había disposición presupuestal para avanzar en esa ruta.
“En el artículo V transitorio se prevé la eventualidad de la creación de la Fiscalía Especializada en este ámbito eso sigue vigente y por lo tanto la posibilidad está abierta, ¿cuál ha sido el problema hasta hoy?, que el artículo 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado nos obliga a prever el presupuesto que implica cada ley y hasta ahorita ese ha sido el problema”, dijo.
Castro Meléndrez puntualizó que está abierta la posibilidad de que se revise este tema en esta legislatura, pero apuntó que de no ser así la siguiente podría atender ese aspecto en particular y tratar de ampliar la estructura de la fiscalía.
Destacó que invariablemente en cualquier momento pudiera hacerse, no hay limitación en ese sentido e indicó que por obligación tendrá que atenderse cualquier vacío que pudiese quedar.
Agregó que eventualmente si fuese el caso, tendría que ser previsto en el presupuesto 2025 o bien si se presentara la circunstancia una modificación presupuestal, aunque manifestó que no cree que exista la segunda posibilidad.
Aclaró que este es un asunto de carácter fiscal y no hay vacíos en el código penal, sino al contrario, están establecidos los mecanismos de investigación y persecución entorno a los agravios que se pudiesen y se presentan en contra de defensores de derechos humanos o periodistas.
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Al respecto, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a atender cualquier situación de denuncia y no tiene por qué detenerse, retrasarse, un caso que porque no existe una fiscalía especializada, pues reiteró que existe la disposición jurídica y existen los mecanismos para investigar, perseguir cualquier delito de que pudiese presentar.
