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“Esperemos que sí se presente a las próximas”: Fiscal sobre inasistencia de Vargas a audiencias

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que si en las siguientes audiencias Gerardo Vargas no justifica sus ausencias, el juez tomará las medidas pertinentes

Fiscal sobre inasistencia de Vargas a audiencias
Foto: Línea Directa | Fiscal sobre inasistencia de Vargas a audiencias

Culiacán, Sin.- La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, espera que Gerardo Vargas Landeros se presente en la próximas audiencias por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 unidades de Seguridad Pública por un monto superior a los 170 millones de pesos (mdp).

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Lo anterior, debido a que el ahomense no asistió a las primeras audiencias iniciales a las que se le convocó por dos carpetas de investigación distintas que lo involucran.

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Al respecto, la fiscal advirtió que en caso de que sea reiterativo y no haya una justificación legal, ya el juez de control tomará medidas al respecto, con la posibilidad de dictar alguna medida cautelar.

“Hasta donde está integrado ahí en la causa ha justificado a través de justificantes médicos su inasistencia, esperemos que para las próximas audiencias ya se presente”, dijo.

En entrevista, la fiscal de Sinaloa mencionó que las audiencias iniciales han sido reagendadas por inasistencias de las personas citadas, en este caso también Genaro García y los integrantes del Comité de Adquisiciones.

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Cabe precisar que a Gerardo Vargas Landeros se le siguen hasta ahora dos causas penales, la primera por el el delito de desempeño irregular de la función pública, cuya audiencia inicial se llevó a cabo el pasado lunes 5 de mayo, pero se difirió para junio.

La segunda causa es la de presunto abuso de autoridad y resistencia por particulares, que estaba programada para este viernes 9 de mayo, pero tampoco se llevó a cabo.

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Las acusaciones contra Vargas, y su desafuero como alcalde de Ahome, parten de un arrendamiento presuntamente irregular de 126 patrullas de Seguridad Pública por un monto de 171 millones de pesos, que derivó en una investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fuente: Línea Directa

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