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Difieren segunda audiencia de Gerardo Vargas para el 28 de mayo; alegó problemas de salud

La diligencia estaba programada para este viernes, pero su defensa presentó una constancia médica por una caída ocurrida durante los primeros días de mayo

Difieren segunda audiencia de Gerardo Vargas
Difieren segunda audiencia de Gerardo Vargas | Foto: Samuel Real

Culiacán, Sinaloa.- La segunda audiencia programada para este viernes en la que comparecería Gerardo Vargas Landeros, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y resistencia por particulares, fue diferida para el próximo 28 de mayo a las 11:00 horas en la Sala A, luego de que el exfuncionario no se presentara al argumentar problemas de salud.

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De acuerdo con la información oficial entregada al juez Carlos Alberto Herrera, Vargas Landeros envió el 7 de mayo una constancia médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que se detalla que continúa con afectaciones físicas derivadas de una caída ocurrida el pasado 4 de mayo, incidente que, según su defensa, le ha generado complicaciones de salud que le impiden acudir personalmente al acto procesal.

Con base en este documento, la autoridad judicial decidió reprogramar la audiencia, a la espera de que el alcalde separado del cargo se recupere y pueda comparecer conforme al procedimiento legal establecido.

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El juez Carlos Alberto Herrara advirtió que si Gerardo Vargas Landeros se niega a presentarse en la audiencia del próximo 28 de mayo, se le pueden aplicar sanciones administrativas, entre ellas, el uso de la fuerza pública.

Cabe precisar que a Vargas Landeros se le siguen hasta ahora dos causas penales, la primera por el delito de desempeño irregular de la función pública, cuya audiencia inicial se llevó a cabo el pasado lunes 5 de mayo, pero se difirió para junio.

La segunda causa es la de presunto abuso de autoridad y resistencia por particulares, que estaba programada para este viernes, pero tampoco se llevó a cabo.

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Las acusaciones contra Vargas, y su desafuero como alcalde de Ahome, parten de un arrendamiento presuntamente irregular de 126 patrullas de Seguridad Pública por un monto de 171 millones de pesos, que derivó en una investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fuente: Línea Directa

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