Culiacán, Sinaloa. En la sesión ordinaria de este jueves, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, con 32 votos a favor, reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, con las que se establece la obligatoriedad de promover una crianza positiva por parte de padres, madres e instituciones hacia sus hijos.
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Carla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, se pronunció a favor del dictamen.
Durante su posicionamiento, expresó que es evidente cómo la violencia normalizada en la crianza se convierte en el primer eslabón de cadenas que perpetúan las desigualdades, los estereotipos de género y las brechas de discriminación que, posteriormente, se reflejan en la vida adulta.
“Es un paso legislativo que no solo fortalece nuestro marco jurídico, sino que también nos permite garantizar que, en Sinaloa, el interés superior de la niñez no sea una consigna, sino una realidad palpable”, dijo.
Por su parte, Elizabeth Montoya, presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que la crianza positiva es un modelo que promueve el respeto, la empatía, la comunicación y el establecimiento de límites sin violencia.
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“El castigo físico, la humillación o el maltrato nunca educan, solo dejan huellas dolorosas que limitan el desarrollo pleno de nuestras niñas y niños. Por ello, la crianza positiva surge como un modelo que fomenta el respeto, la empatía, la comunicación y la fijación de límites sin recurrir a la violencia”, expresó.
El dictamen explica que la crianza positiva consiste en un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que contribuyen al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, características, intereses, aspiraciones, límites y motivaciones. Todo ello debe ejercerse sin castigos físicos ni tratos humillantes o crueles, y con pleno respeto al interés superior de la niñez desde un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, se establece que las personas que ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia tienen la obligación primordial de brindar prácticas de crianza positiva, de acuerdo con sus posibilidades y medios económicos, así como garantizar condiciones de vida suficientes para el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
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Las autoridades estatales y municipales deberán coadyuvar con este propósito mediante la adopción de medidas apropiadas dentro de su ámbito de competencia.
De acuerdo con la reforma, la educación, crianza y corrección de niñas, niños y adolescentes no puede usarse como justificación para ejercer violencia. En cambio, deben ser cuidados, protegidos, guiados y formados a través de una crianza respetuosa de todos sus derechos.
Las autoridades también deberán formular y ejecutar políticas públicas y campañas que fomenten la paternidad y maternidad responsables, promoviendo la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la crianza y educación de los hijos. Estas acciones deberán integrarse en planes y programas conforme a la política de protección integral de los derechos de la niñez.
Se señala que la paternidad y maternidad responsables implican involucrarse activamente en la vida cotidiana de los hijos, cumplir con las responsabilidades de crianza, generar entornos de amor, comprensión y felicidad, y aplicar métodos de crianza positiva sin recurrir a la violencia.
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Además, se establece que los centros de asistencia social son responsables de garantizar la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, mediante personal capacitado y con formación en derechos de la infancia y crianza positiva.
Las reformas y adiciones aprobadas integran propuestas provenientes de cinco iniciativas presentadas por: Deisy Judith Ayala Valenzuela y Nela Rosiely Sánchez Sánchez, diputadas de la LXIV Legislatura; Deisy Judith Ayala Valenzuela, en una segunda iniciativa durante la misma legislatura, y el grupo parlamentario de Morena en la actual legislatura; Monserrat López López, diputada del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura.
