Culiacán, Sin.- El decreto de la Ley de Obras Públicas de Sinaloa que no ha entrado en vigencia establece que los ayuntamientos y el gobierno estatal deben incluir en la iniciativa de presupuesto de 2021 el programa anual de la inversión en infraestructura para que no se hagan gastos por ocurrencia, manifestó Graciela Domínguez Nava.
Al participar como panelista con empresarios de la construcción y funcionarios de Obras Públicas de 11 municipios, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa explicó que las modificaciones hechas a la ley tienen como finalidad combatir la corrupción y darles mayor participación a la iniciativa privada.
“Por eso consideramos que este proceso de reformas a la Ley de Obra Pública vale oro y que necesitamos que esto llegue a su conclusión y su conclusión es que se ponga en vigencia, que se publique y que nos pongamos a trabajar cada quien en sus áreas para darle la aplicación que corresponde a esta nueva normatividad que es de avanzada a nivel nacional”, dijo.
Precisó que los municipios entregarán los proyectos ejecutivos de las obras planeadas a los cabildos y el gobierno del estado lo hará ante el Congreso del Estado al presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2021.
Manifestó que es necesario que los directores de obras de las comunas vayan conociendo la normatividad porque son a quienes les tocará aplicar.
Dijo que es necesario promover el interés ciudadano de los testigos sociales quienes recibirán gratificación por sumarse a vigilar los concursos y asignaciones de obras públicas y que sin esta figura no procederán los contratos.
