Culiacán, Sin. El documento que emitieron el pasado martes 22 de octubre trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde rechazan las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en relación al homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue emitido a título personal y no institucional, declaró Claudia Zulema Sánchez Kondo.
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Entrevistada por medios de comunicación al término de la conferencia semanera de este lunes, la funcionaria estatal señaló que tiene conocimiento del pronunciamiento porque lo vio en redes sociales, sin embargo, desconoce si es verídico, así como de quiénes son las firmas.
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Sánchez Kondo destacó que, de acuerdo a lo que se plasmó en el comunicado, es a título personal, no institucional.
“Lo leí en redes sociales, no estoy enterada si es verídico, es un documento entiendo a nivel personal, no a título institucional. Desconozco nombres”, dijo.
En el boletín de la FGR del 20 de octubre, señala a ministerios públicos, policías de Investigación y peritos de haber realizado un “montaje” en la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ello refiriéndose al video que presentaron donde se observa un ataque en una gasolinera.
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Los firmantes del documento niegan categóricamente las acusaciones y afirman que su actuación en la investigación se basó en el cumplimiento estricto de los protocolos legales y los procedimientos establecidos.
Explicaron que actuaron en torno a la línea de investigación proporcionada por las declaraciones de un testigo presencial desde el inicio del caso, llevando a cabo los actos de investigación correspondientes con base en la información disponible y a las circunstancias de los hechos.
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Asimismo, indicaron que la FGR solicitó la facultad de atracción del caso luego de la difusión de una carta presuntamente firmada por Ismael Zambada García, lo que impidió a la FGE indagar en esa línea de investigación alternativa.
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Denuncian que, pese a haber comparecido como imputados, no se les ha permitido el acceso al expediente ni se les ha proporcionado copia de la indagatoria, limitando su derecho a una defensa adecuada. Además, temen ser utilizados como “chivos expiatorios” en el proceso, el cual califican como sesgado.
