Los Mochis, Sinaloa. El esquema piramidal ha dejado a familias enteras en la ruina, y aunque el delito de fraude ya está tipificado en el Código Penal, se trabaja en adecuaciones legales para anular las lagunas que pudieran impedir castigar a los responsables de este ilícito, afirmó la diputada federal por Morena, Ana Ayala Leyva.
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La legisladora exhortó a denunciar a las personas afectadas por este tipo de fraudes que les ofrecen rendimientos falsos y terminan perdiendo su patrimonio, porque es la forma en que se inicia la investigación y se abre la posibilidad de detener a los responsables para que reciban el castigo que marca la ley, desde 3 días hasta 12 años de prisión.
“Muchos de esos fraudes quedan impunes porque las víctimas por miedo o por vergüenza o por desconfianza no denuncian y esa omisión es justamente lo que permite que los responsables sigan operando, estafando a más personas sin ninguna consecuencia. Denunciar no solo es un acto de valentía, es un deber ciudadano en el que todos debemos de estar obligados”, dijo.
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Opinó que la confianza de la gente en mejorar su patrimonio no debe de ser una herramienta para los estafadores y el primer paso cuando ocurre el delito es presentar la denuncia, lo cual es un acto de valentía y de compromiso social de contribuir a que no caigan más víctimas.
Precisó que el trabajo en la Cámara de Diputados está enfocado en precisar con mayor claridad los supuestos del Código Penal Federal y cerrar las lagunas legales que permiten que los defraudadores evadan la justicia.
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Consideró que es fundamental seguir socializando el riesgo de entrar a los esquemas de inversión piramidales que proponen jugosas ganancias, muy por encima de la reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El delito de fraude se encuentra en el Código Penal Federal desde el artículo 386 hasta al 389 bis, y establece que comete este delito el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido y se castiga con prisión que va desde 3 días a 12 años y una sanción económica de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización.
