Culiacán, Sin.- Los diputados del Partido Sinaloense (PAS), Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, impulsan una reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa para tipificar el acecho como delito, con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de las víctimas.
La iniciativa ya avanzó en el Congreso del Estado, donde recibió primera lectura en el Pleno y fue turnada para su segunda lectura de ley.
Reforma busca sancionar el hostigamiento físico, digital y psicológico
La propuesta plantea castigar a quien, de manera reiterada, sistemática o persistente y sin consentimiento de la persona afectada, realice conductas como seguimiento, vigilancia, observación, proximidad física o virtual, envío de mensajes, objetos o cualquier tipo de contacto.
Estas acciones podrían realizarse tanto por medios físicos como digitales y generar en la víctima miedo, angustia, afectaciones emocionales, limitaciones en su libertad o alteraciones en su vida cotidiana.
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Asimismo, la iniciativa contempla establecer los supuestos bajo los cuales se configuraría este delito y las responsabilidades correspondientes para quien incurra en estas conductas.
Diputados advierten vacío legal que deja vulnerables a las víctimas
Los legisladores señalaron que actualmente el acecho no está tipificado como delito autónomo en Sinaloa, lo que deja a las víctimas en una situación de desprotección legal y limita la capacidad de las autoridades para prevenir daños mayores.
Indicaron que una de las formas de violencia más frecuentes y menos visibilizadas, especialmente contra las mujeres, es precisamente el acecho.
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Buscan reforzar protección a mujeres y grupos vulnerables
Los diputados del PAS destacaron que el acecho representa una forma de hostigamiento que provoca daños psicológicos, emocionales y sociales, incluso cuando no existe contacto físico directo.
Añadieron que este tipo de conductas suele presentarse en contextos de violencia de género, familiar o digital, afectando principalmente a mujeres y grupos vulnerables.
Con esta reforma, aseguraron, se podrían otorgar medidas de protección más efectivas y fortalecer la actuación institucional bajo una perspectiva de derechos humanos y de género.
