Culiacán, Sinaloa. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa expresó su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador Rubén Rocha Moya, ante las solicitudes de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, al considerar que carecen de sustento jurídico y responden a intereses políticos.
En conferencia de prensa de este jueves 30 de abril de 2026, la diputada María Teresa Guerra Ochoa informó que, tras analizar el documento difundido, concluyeron que no existen pruebas suficientes ni elementos legales que respalden los señalamientos, por lo que desde su punto de vista sin pruebas, no hay acusación válida.
“Carece de coherencia, carece de fundamento legal y de prueba; estamos aquí como grupo político, y no solamente cerrando filas con la presidenta, sino exigiendo que los procesos se hagan apegados a derecho y con fundamento. Y estamos, precisamente, dando el respaldo al gobernador, no solamente por el tema del principio de que cualquier persona tiene de presunción de inocencia, sino porque es un expediente vacío de documentos probatorios y de la formalidad legal que debe tener”, expresó
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Guerra Ochoa también cuestionó irregularidades en el proceso, como la falta de confidencialidad y la difusión pública de nombres, lo que podría vulnerar el debido proceso.
Además, señaló inconsistencias en la narrativa del documento, al involucrar hechos de administraciones pasadas sin hacer referencia a otros gobiernos.
Sostuvo que, ante este escenario, no se contempla por el momento iniciar un procedimiento de declaración de procedencia -conocido como desafuero- contra el mandatario estatal, ya que no existe ninguna solicitud formal ni elementos que lo justifiquen.
“Hasta ahorita no hay ninguna petición en ese sentido y no podemos. Sería muy irresponsable de nuestra parte que a cualquier señalamiento y, sobre todo, de un gobierno extranjero que no exhibe documentación, tuviéramos ese tipo de reacción. Creo que lo menos que debemos de tener es ese deseo de estar especulando sobre circunstancias que hasta ahorita, por lo que vimos en ese documento, no hay ni la coherencia ni la legalidad ni las pruebas”, expresó.
-Entonces, ¿no están valorando todavía ese escenario?, se le preguntó.
“No estamos valorando ese escenario porque hasta ahorita lo que se ha presentado carece de todo este fundamento legal que debe de tener cualquier tipo de acusación”, añadió.
Asimismo, consideró que el caso podría tener un trasfondo político, al señalar que se da en un contexto de tensiones internacionales, lo que le resta seriedad a un asunto que debería ser estrictamente jurídico.
Por su parte, el diputado Ambrocio Chávez Chávez hizo un llamado a la población a mantener la calma y continuar con sus actividades cotidianas, al asegurar que las instituciones en Sinaloa se mantienen firmes y en operación.
Finalmente, los legisladores subrayaron que cualquier procedimiento debe llevarse a cabo con apego a la legalidad, respeto a la soberanía nacional y con pruebas contundentes.
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¿Quiénes son los funcionarios y exfuncionarios incluidos en la acusación de EU?
La acusación incluye a figuras relevantes del ámbito político y de seguridad en Sinaloa. Entre los señalados se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; y el vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra.
Así como el exdirector de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
