Los Mochis, Sin.– A raíz de las denuncias por agresión sexual en contra de cuatros menores de edad que estaban bajo resguardo en la casa hogar Tierras del Sol Brillante en El Fuerte, las autoridades del municipio de Ahome, donde también se cuenta con un albergue temporal para niñas, niños y adolescentes, asegura que tiene coordinación directa con el personal a cargo para vigilar las condiciones en las que se encuentran.
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El alcalde Gerardo Vargas Landeros lamentó los hechos y señaló que cualquier situación que exponga a riesgos o lastime el sano desarrollo de un menor, es repudiable y, aunque como autoridad es respetuoso de la administración interna que mujeres religiosas tienen en la casa hogar, DIF Ahome y Sinaloa están al tanto de la situación psicológica y física de los niños y adolescentes que están bajo resguardo.
Subrayó que también personal de los juzgados familiares, incluso, por algunos casos particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, están en estrecha relación con las encargadas.
“Siempre hay una coordinación muy sana y muy cordial entre la casa hogar Santa Eduwiges y el ayuntamiento a través del DIF y nosotros estamos dándoles apoyos, de tal manera que los niños que están desamparados y que el DIF recoge, los lleva allá a esta casa hogar y ahí es donde les dan la atención que se merecen”.
-LD: ¿Están supervisando y revisando que atiendan bien a los niños?
“Por supuesto que sí, por supuestísimo que sí”, dijo.
Cabe recordar que la casa hogar Santa Eduwiges también cuenta con un antecedente similar a la de El Fuerte. En el 2001, 6 menores de edad de entre los 8 y 17 años acusaron al sacerdote Felipe “V” “C” de atentados al pudor y lesiones, por lo que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado abrió un expediente por pedofilia, según la averiguación previa.
Sin embargo, de acuerdo a la publicación de El Universal con fecha del 7 de julio del 2002, el religioso fue absuelto luego de que presuntamente se le otorgara el perdón por parte del entonces presidente del patronato de dicha casa hogar.
Por esta razón, Jaime Cinco Soto, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitó a la PGJE reabrir el caso y presentó una denuncia penal contra el Obispo Benjamín “J” por presuntamente haber incurrido en encubrimiento del sacerdote.
A pesar de la presión de la CEDH por esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso, el padre Felipe “V” fue reubicado a la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Culiacán, como lo confirma una publicación del diario Reforma el 10 de julio del 2002, pero el caso quedó en el olvido.
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Posteriormente, DIF Estatal ordenó que fueran mujeres religiosas las que estuvieran de manera permanente a cargo de los menores como medida de seguridad, asimismo, se adoptaron protocolos de actuación para la evaluación constante del estado físico y psicológico de las niñas, niños y adolescentes bajo resguardo.
