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CUENTA PÚBLICA 2022

Deuda “heredada”: por omisión de anterior administración, Ayuntamiento de Culiacán paga multa de 84 mdp

El diputado integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Adolfo Beltrán Corrales, señaló que en igual circunstancia se encuentra la cuenta pública de Mazatlán que trae observaciones por 40.6 millones de pesos, pero casi 24 mdp son precisamente por actualizaciones judiciales

Adolfo Beltrán Corrales entrevistado por Línea Directa y medios de comunicación
Línea Directa | Adolfo Beltrán Corrales, diputado integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado

Culiacán, Sinaloa.- La cuenta pública de Culiacán del ejercicio fiscal 2022 trae observaciones por 129 millones de pesos, pero hay una observación que implica un gasto de casi 84 millones por pago de multas, recargos y sobre las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del ejercicio fiscal del 2018 al 2021, señaló el diputado integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Adolfo Beltrán Corrales.

El legislador subrayó que por omisiones de quien estuvo al frente del ayuntamiento por esos años, es decir, Jesús Estrada Ferreiro, el gobierno municipal actual encabezado por Juan de Dios Gámez Mendívil tendrá que solventar esa observación, ya que tuvo que pagar dicha cantidad.

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“La cuenta pública de Culiacán trae observaciones por 129 millones de pesos. Reconocer que están dentro del plazo de observaciones de 20 días que otorga la ley, sin embargo, hay una observación que nos llama por demás la atención que implica un gasto de casi 84 millones de pesos por pago de multas, recargos, sobre las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social del ejercicio del 2018 al 2021”, dijo.

Beltrán Corrales expuso que en igual circunstancia se encuentra la cuenta pública 2022 de Mazatlán que trae observaciones por 40.6 millones de pesos, pero casi 24 millones son precisamente por actualizaciones judiciales, ya que en el 2020 el ayuntamiento perdió una demanda y estuvo condenado a pago, pero este no se hizo y en el momento de la sentencia se tuvieron que pagar casi 24 millones por omisión o falta de capacidad de quienes estuvieron al frente.

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Por lo anterior, señaló que cuando un funcionario incurre en una omisión de esta naturaleza, también tiene que tener consecuencias legales, es decir, exigir que se cumpla la ley y se finquen responsabilidades.

Fuente: Línea Directa

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Beatriz Piña

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