Culiacán, Sinaloa. Debido a que de concretarse la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y de otros organismos autónomos, significaría una regresión histórica, así como el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que integramos la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción en Sinaloa (Recias) externaron su rechazo a esta reforma presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa apuntaron que la extinción del INAI y de los órganos homólogos en los estados pondría en riesgo el derecho al acceso a la información pública, consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contraviniendo el principio de progresividad, que indica que no se puede retroceder en libertades y derechos ya ganados para todas y todos.
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Señalaron que a pesar de que el dictamen, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto, indica que las funciones de estos organismos serían absorbidas por la secretarías de que derivan, al no contar con autonomía no podrían constituirse como un órgano garante, capaz de revocar resoluciones de transparencia, cuando la información sea negada a la ciudadanía.
Rosa Elvira Jacobo Lara, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, hizo un urgente llamado a las y los legisladores a reconsiderar esta determinación.
“Se hace un urgente llamado a las y los legisladores a reconsiderar esta determinación y ampliar el debate para encontrar reformar apropiadas para mejorar el funcionamiento de las instituciones mencionadas como una demanda ciudadana y no como una imposición desde el poder”, expresó.
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En ese sentido, las integrantes de las Recias, pidieron revisar las condiciones del dictamen para otros órganos autónomos como: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), órganos de carácter técnico que requieren de independencia para emitir datos, diagnósticos y resolutivos que abonen a un clima de equilibrio de poderes en lo económico, político y social.
Coincidieron en que si bien es cierto que estas instituciones requieren reformar su operación para eficientar el gasto público, contar con perfiles idóneos, eliminar privilegios y acabar con posibles actos de corrupción, la solución no es su extinción ni hacerlos dependientes de otras entidades públicas, restándoles su carácter autónomo.
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Agregaron que lo anterior es de alta preocupación para las organizaciones de sociedad civil debido a que el acceso a la información pública es un derecho humano, fundamental para el cumplimiento de otros derechos como la libertad de expresión, acceso a la justicia y la participación ciudadana, puesto que todas las luchas sociales requieren de información confiable y verídica, que ayude a generar diagnósticos de los problemas sociales y soluciones.
En ese sentido exigieron a las y los legisladores los siguientes compromisos:
1. No aprobar reformas al vapor, sin una discusión previa que tome en cuenta la participación ciudadana en todos los estados de la República, a través de procesos de parlamento abierto, y no solamente a nivel central.
2. Aprobar únicamente aquellas reformas que respeten el carácter progresivo de los derechos humanos y que no signifiquen un retroceso en materia de derechos y libertades ganados por la ciudadanía.
3. Considerar en todo momento que el acceso a la información pública es un derecho humano, que requiere garantías para su cumplimiento y que es además la base para el acceso a otros derechos humanos y sociales.
4. Respetar los logros de luchas ciudadanas en materia de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo a los órganos autónomos a través de la búsqueda de reformas que mejoren su operación, eficiencia y combate a la corrupción, pero no su desaparición.
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