Culiacán, Sin.- Un equipo de auditores de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se presentó de nuevo en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ubicada en el Campus Buelna, donde fue recibido por el abogado general de la institución educativa, Robespierre Lizárraga Otero.
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El representante legal de la UAS informó que los auditores que se presentaron con la intención de practicar una auditoría a los recursos propios de la institución, no le permitieron leer el documento tipo acta que iba a consignar la diligencia.
“No se nos permitió leer un documento tipo acta que iba a consignar la diligencia hoy acontecida y tampoco se nos permitió firmarla, evidentemente no íbamos a firmar algo que no se nos permitió leer. Quedó evidenciado el actuar tan burdo por parte del personal de la Auditoría y repito, nosotros desde la Universidad instrumentaremos las vías legales que consideremos necesarias”, dijo.
Señaló que el equipo de seis auditores fue atendido con respeto desde alrededor de las 10:00 de la mañana que hicieron acto de presencia y se les reiteró que no tienen atribuciones legales para llevar a cabo la auditoria a los recursos propios de la UAS, ya que, insistió, sería la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la indicada para hacerlo.
Lizárraga Otero comentó además que hay una suspensión definitiva concedida por un juez de distrito a favor de la Universidad y del rector Jesús Madueña Molina, para que no se realice ninguna diligencia en referencia a los ingresos propios.
“Eso independientemente de que la Universidad cumple cabalmente su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas siendo auditada por la Auditoría Superior de la Federación como lo ha sido siempre, incluso este año con tres auditorías”, expuso.
Acompañado de la Contadora General de la UAS, Rebeca Carrasco, del asesor legal, Carlos Ontiveros Salas y del Notario Público No. 162, Ismael Arenas Espinoza, el abogado universitario mencionó que el personal de la ASE extendió por más de siete horas la diligencia, transcurso en el que hubo actuaciones que calificó como “extrañas e ilegales”, por lo que consideró que se busca “perjudicar” a la Casa Rosalina.
Subrayó que estas actuaciones supuestamente en contra de la máxima casa de estudios se generaron a partir de la defensa legal, de los amparos que se han promovido en defensa de la autonomía universitaria, respecto a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, acciones que, enfatizó, continuarán apegadas a derecho.
