Culiacán, Sinaloa.– El juzgado segundo con sede en Culiacán emitió su resolución donde les otorga la suspensión definitiva a cinco universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que, también habían solicitado un amparo contra la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, informó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.
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En entrevista en la primera emisión de Línea Directa, el legislador mencionó que, respecto a estos cinco casos, se acumularon los expedientes y se emitió una resolución donde les otorga la suspensión definitiva, en relación al artículo 59 que refiere la evaluación a los docentes, misma que fue mencionada este martes en conferencia de prensa.
“Es decir que la suspensión definitiva que les otorga el juez los protege para que no se les aplique evaluación a esos profesores, pero en relación al artículo tercero y 51 no les otorga la suspensión definitiva”, dijo.
Por lo anterior, Castro Meléndrez reiteró que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa sigue vigente y en relación al tema medular, es decir, el punto clave que es la consulta, no les otorga la suspensión definitiva.
En ese sentido, aseveró que hasta hoy no hay un impedimento legal para realizar una consulta a la comunidad universitaria, argumentando que la ley establece que para realizar una reforma a cualquier Ley Orgánica de una universidad que goce de autonomía, de manera previa se tiene que hacer una consulta, tal como también se tiene contemplado realizar en la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).
Asimismo, subrayó que la universidad no necesita protegerse de la ley, defendiendo que la misma afirma la autonomía universitaria para garantizar el derecho que tienen los jóvenes a la educación superior.
Feliciano Castro dejó en claro que los jueces no le están otorgando la razón a los universitarios, donde apuntó que, el hecho de que soliciten un amparo, su efecto jurídico solo es para esa persona y no para la universidad, destacando que la máxima casa de estudios no tiene ninguna posibilidad legal como institución de presentar un recurso en ese sentido.
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Por último, aseguró que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa no es inconstitucional, puesto que indicó que en el Congreso del Estado se aseguraron de expedirla atendiendo los preceptos de la constitución general de la República para garantizar el bien jurídico mayor y el derecho a la educación superior.
