Culiacán, Sin.- Después de que se vinculó a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña, el exrector Juan Eulogio Guerra y al Comité de Adquisiciones, por la compra presuntamente irregular de 45 millones de pesos en tortillas, la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo algunos cuestionamientos sobre los argumentos que presentó la defensa en la audiencia de este jueves.
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Durante la audiencia en que se vinculó a proceso a los funcionarios universitarios por los delitos de ejercicio indebido de servicio público y desempeño irregular de la función pública, la defensa presentó 694 facturas que fueron canceladas. Son de los años 2021 y 2022 y son por un monto total de 24 millones 674 mil 120 pesos.
Sin embargo, la FGE cuestionó que estas cancelaciones se hicieron ya que dio inicio el proceso penal, con muy poco tiempo de diferencia y que tendría que haber existido un “acuerdo” entre la UAS y el proveedor para estas acciones. Estos fueron los argumentos:
“El (proveedor) y también imputado de nombre Salvador, integrante del comité de adquisiciones de la UAS en el 2021 y 2022, 13 horas antes de la audiencia inicial presentó ante esta Fiscalía datos de prueba consistentes en la cancelación de 694 facturas (CFDI), siendo 366 cancelaciones del 2021 y 328 del 2022, todas corresponden al periodo de gestión del actual rector de la UAS, facturas las cuales fueron canceladas por el proveedor Sergio y aceptadas por la UAS”.
En ese sentido, las facturas canceladas tienen tiempos demasiados cortos entre la cancelación de una a otra factura como son de uno, dos o tres segundos de diferencia (…) es decir, el proveedor cancelaba de dos a tres facturas al mismo tiempo, tal situación no es creíble, así como tampoco es creíble la cancelación masiva que realizó el proveedor en tan sólo dos días.
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Cabe señalar que para que todas estas facturas quedaran con el estatus de canceladas, tuvo que haber un acuerdo entre la UAS y el proveedor, lo cual se hizo pero fuera de procedimiento , ya que la cancelación se llevó a cabo casi dos años después de emitidas, es decir, en cuanto se llevó a cabo la primera audiencia inicial cuando los abogados, -quienes algunos son defensores de los acusados y apoderados legales de la institución víctima del delito- ya tuvieron en su poder las copias de las carpetas”.
La Fiscalía subrayó que algunas de las facturas que se canceló es donde quedó registrado que la UAS pagó 60 pesos por el kilógramo de tortillas, y que utilizaban diferentes conceptos como totopos, tortillas de harina y otros productos, cuando los empleados de esas tortillerías refieren que solo se vendía tortillas de maíz, asimismo, los montos más altos de las compras de tortillas fueron en el 2020 y 2021 en tiempo de pandemia, cuando las casas del estudiante estaban solas, y en ese tiempo no hubo entrega de tortillas por el proveedor dicho esto por los mismos empleados de la tortillerías.
“Con esta vinculación a proceso de servidores públicos de la UAS, queda claro que no se viola la Autonomía Universitaria, y que esta universidad si recibe recursos públicos, tal como se explicó ante el Juez de control en la audiencia inicial, en la que se detalló el Subsidio Estatal Ordinario que la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa le transfirió a la UAS, en el 2020 la cantidad de $2,034,974,247.00 millones; en el 2021 le transfirió la cantidad de $2,114,770,127.00 millones; en el 2021 le transfirió la cantidad de $2,598,761,546.72 millones”, expuso el organismo investigador.
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