Culiacán, Sin. Con la nueva iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio que contempla hasta 70 años de prisión para quienes cometan el delito, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que es importante que sí se detenga y castigue a los culpables.
La presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, señaló que se pueden subir las penas en contra de quienes cometen feminicidios en el país, sin embargo, de no aplicarse continuaría existiendo una deuda social por parte de la autoridad.
“Podemos aumentarlas (las sentencias contra feminicidas), pero hay que saber cómo darle seguimiento para que puedan ejecutarse y llevarse a un buen resultado, que es que se castigue a los culpables”.
Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex / Foto: Sandra Solís
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Reyes Zazueta mencionó que actualmente las autoridades están rebasadas en su capacidad por el número de delitos de alto impacto que ocurren, lo que no permite que a todos los responsables se les aplique la ley.
En ese sentido, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana se estará atento del avance que se tenga de la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio que presentó la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, en una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Qué contempla la iniciativa para aumentar penas a feminicidas?
Como primer paso, el proyecto plantea una reforma al artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de feminicidio. El objetivo es establecer un tipo penal homologado en todo el país, lo que permitiría una mejor coordinación entre autoridades locales y federales, así como una respuesta más eficaz ante este crimen.
Con esta ley se busca cerrar brechas jurídicas y garantizar que el delito de feminicidio sea sancionado con criterios uniformes, sin importar el estado donde ocurra.
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Por su parte, Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres (Semujeres), explicó que la iniciativa contempla medidas específicas para niñas, niños y adolescentes que quedan en estado de orfandad, así como para padres, madres y hermanos de las víctimas.
Entre los derechos garantizados se incluyen el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, seguridad social para menores en orfandad, entrega digna del cuerpo de la víctima y servicios de traducción para facilitar el acceso a la justicia.
