México. – En la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio. La propuesta fue expuesta por Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, y contempla penas de hasta 70 años de prisión para quienes cometan este delito.
Reforma constitucional y homologación del tipo penal
Como primer paso, el proyecto plantea una reforma al artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de feminicidio. El objetivo es establecer un tipo penal homologado en todo el país, lo que permitiría una mejor coordinación entre autoridades locales y federales, así como una respuesta más eficaz ante este crimen.
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Durante la presentación, se destacó que esta ley busca cerrar brechas jurídicas y garantizar que el delito de feminicidio sea sancionado con criterios uniformes, sin importar el estado donde ocurra.
Derechos de víctimas y reparación del daño
Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres (Semujeres), explicó que la iniciativa contempla medidas específicas para niñas, niños y adolescentes que quedan en estado de orfandad, así como para padres, madres y hermanos de las víctimas.
Entre los derechos garantizados se incluyen el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, seguridad social para menores en orfandad, entrega digna del cuerpo de la víctima y servicios de traducción para facilitar el acceso a la justicia.
La reparación del daño deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional. Además, se establece que los medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas, mientras que las autoridades tendrán la obligación de garantizar el derecho a la verdad en el marco de sus competencias.
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Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer el combate al feminicidio en México, garantizando justicia, protección y reparación para las víctimas y sus familias. La propuesta será enviada al Congreso para su análisis y eventual aprobación, en un esfuerzo por consolidar una política nacional con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
