Culiacán, Sinaloa. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), durante la sesión de este jueves, el Plan Estratégico de Persecución Penal para el periodo 2024-2031 de la dependencia fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y valoración correspondiente.
Lo anterior, después de que en la sesión ordinaria de este jueves la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa informó ante el Pleno haber recibido este documento que establece las directrices en materia de política criminal y prioridades en investigación para los próximos siete años.
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La titular de la dependencia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, remitió el documento a la 65 legislatura del Congreso estatal para su análisis y eventual aprobación, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
El plan define las prioridades institucionales en materia de investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como las funciones específicas que deberá desempeñar el personal de la Fiscalía.
Entre los objetivos establecidos, se destaca la meta de recuperar la confianza de la ciudadanía a través del servicio profesional humano y orientado a resultados.
Además, se busca fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, privadas y la sociedad para mejorar la procuración de justicia.
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El plan incluye avances en la modernización de servicios y procesos institucionales, con especial énfasis en los delitos de alto impacto social, así como la transformación del Ministerio Público en una institución imparcial, eficiente y accesible para la ciudadanía.
Otro de los enfoques del plan es el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, que se encuentra basado en un modelo homologado de la Unidad de Investigación Cibernética, proyecto que ha sido impulsado incluso por el gobernador Rubén Rocha Moya.
