Mazatlán, Sinaloa. El proceso para solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Mazatlán por 819 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2020, sigue avanzando y el tesorero del Ayuntamiento confía en que no vaya a haber alguna sanción.
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Melesio Montoya Peinado comentó que el proceso lleva su curso normal, y es sobre un posible daño al erario por la disposición de recursos de la cuenta de Participaciones Federales, por concepto de gasto denominado Servicios Personales, en la administración del exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres.
Por ello, descartó que pueda haber algún castigo, porque hasta ahora han podido entregar la documentación que ha solicitado la ASF.
“En lo personal no creo que vaya a haber sanción porque está materializable el hecho de esos pagos que se realizan. Ahorita, actualmente, si hay algo anterior que no se puede sustentar, se sigue hasta donde se puede, pero lo que nosotros vemos que es sustentable y es materializable, pues nos ponemos a trabajar simplemente y entregamos lo que nos corresponde”.
Comentó que el Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con la información necesaria, como contratos, para demostrar que se hizo tal o cual operación, lo que está consolidando las expectativas de que todo vaya a salir a favor del gobierno municipal.
“No es el error, la percepción que tiene la autoridad. Cuando te cuestionan o te hacen una observación ‘oye, es con relación a esto’, se lleva lo que se considera necesario, entonces derivado de ahí se va profundizando en el tema hasta llegar a concluirlo, muy probablemente se entregó lo que se consideraba necesario en una primaria instancia, y ahorita se va fortaleciendo, no se ha llegado a dictaminar, estamos en ese trance, pero hasta ahorita se ha cubierto todo lo que la autoridad ha requerido”.
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De acuerdo a los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, que auditó 834 millones 422 mil pesos del ejercicio fiscal 2020 al gobierno mazatleco, el gobierno de “El Químico” no realizó una gestión eficiente y transparente de las Participaciones Federales de ese año.
La ASF consideró un posible daño al erario público por 819 millones 416 mil 960 pesos, y la actual administración continúa brindando la documentación que constata dicho gasto en sueldos, salarios, dietas, honorarios, prestaciones y gastos de seguridad social, entre otros.
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