Guasave, Sinaloa. Las denuncias de padres de familia sobre presuntos condicionamientos en escuelas de Guasave y comunidades cercanas reavivaron la discusión sobre las cuotas escolares y su carácter voluntario. En el kínder “T. Loaiza” de esta ciudad de Guasave, se reportó que algunas maestras estarían presionando a los tutores para pagar, mientras que en un plantel de Las Brisas, un citatorio dirigido a los padres advertía posibles repercusiones en las calificaciones de los estudiantes en caso de no acudir a una reunión o de no cubrir el pago pendiente.
Ante ello, Jaime Carlos Hernández, jefe de los Servicios Regionales de la Sepyc en Guasave y Sinaloa de Leyva, fue enfático al señalar que ninguna escuela puede condicionar la atención educativa de los niños y adolescentes al pago de cuotas.
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“El servicio educativo en el nivel básico es gratuito y en ninguna circunstancia se puede negar o limitar el derecho de los alumnos. La Constitución lo establece claramente: la educación es un derecho, no un privilegio. Obviamente son bienvenidas, pero nunca pueden convertirse en una condición para que los niños sean atendidos en las aulas”, sostuvo.
Citatorio enviado a padres de familia.
El funcionario recordó que las aportaciones económicas que los padres realizan son únicamente voluntarias y deben surgir de acuerdos entre las asociaciones de padres de familia.
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En relación con las reuniones escolares, Carlos Hernández reconoció que la asistencia es una obligación de madres y padres, pues en ellas se comparten informaciones importantes sobre el desarrollo de los alumnos, incluso de carácter confidencial, sin embargo, aclaró que los hijos no deben sufrir consecuencias académicas si los tutores incumplen con esta responsabilidad.
Sobre las vías de denuncia, explicó que los afectados pueden acudir primero con la dirección del plantel y, de no resolverse, con el supervisor escolar. En caso de persistir el problema, deben elevarse a la jefatura de Sector y, finalmente, a los Servicios Regionales de la Sepyc, donde se garantiza atención a cada caso.
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“Insistimos: no debe haber represalias ni condicionantes. Los niños tienen derecho pleno a recibir educación pública, y nuestro deber es garantizarlo”, concluyó.
