Culiacán, Sin.- Héctor Melesio Cuen Díaz, ex director de Control de Bienes e Inventarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), busca que se le otorgue un amparo en contra de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que dan sustento legal para que dicha institución haga investigación de propiedades, cuentas bancarias y declaraciones patrimoniales.
El recurso fue presentado en primera instancia ante el Juzgado Primero de Distrito pero se desechó por improcedencia el 13 de junio de 2023. Sin embargo, aún no es una resolución definitiva pues Cuen Díaz interpuso recurso de queja que resolverá el Tribunal Colegiado en Materia Penal, de Mazatlán, el cual el miércoles 12 de julio notificó que le dará trámite a esta última solicitud, según información publicada en el sitio de consultas del Consejo de la Judicatura Federal.
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Este recurso busca echar abajo aquellos oficios “que versan sobre actos de investigación sobre propiedades, declaraciones patrimoniales, solicitud de estados de cuenta sobre inversiones, cuentas de ahorro, acceso a la contabilidad personal y operaciones del quejoso en el sistema financiero mexicano, situación tributaria y entrega de facturas que les fueron requeridas a diversas autoridades para elaborar y presentar denuncias en contra de la parte quejosa. La recepción, radicación y admisión de diversas denuncias presentadas en contra del quejoso”, así como las disposiciones legales en que se fundan.
Según lo expuesto a la autoridad judicial, el exfuncionario de la UAS argumenta que estas disposiciones son violatorias del derecho humano a la privacidad.
Cuen Díaz, hijo del exrector y líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, formaba parte del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por esa razón está citado a acudir ante un juez el viernes 21 de julio, pues se le implica en la probable comisión del delito de desempeño irregular de la función pública por la compra de 18 millones de pesos en tortillas.
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Asimismo, la familia Cuén fue denunciada por presunto enriquecimiento inexplicable, investigación que estaba realizando la Unidad de Investigación Patrimonial y Económica de la Fiscalía de Sinaloa.
