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Comuna recurre a Judicatura Federal por caso Nafta Lubricantes: Síndico

Mazatlán, Sinaloa.- El gobierno local interpuso una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del Magistrado, y de quienes resulten responsables por...

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Mazatlán, Sinaloa.- El gobierno local interpuso una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del Magistrado, y de quienes resulten responsables por el caso de Nafta Lubricantes S.A de C.V., empresa que demandó al Ayuntamiento en la administración de Alejandro Higuera Osuna, y ahora ganó ese recurso, por la clausura de la construcción de una gasolinera en Mazatlán.

De resultar favorable, el amparo puede que los implicados por esta grave omisión, sean los que tengan que pagar el monto de 141 millones 802 mil pesos; sin embargo, ahorita están en proceso de revisión todo el caso, declaró Elsa Isela Bojórquez Mascareño.

“En contra del Magistrado y de quienes resulten responsables desde el 2012 hasta el 2018, eso es lo que está; de resultar favorable el amparo director en recisión, la consecuencia sería no pagar el monto reclamado por la empresa y de ser procedente la queja administrativa, y se pierda la revisión, eventualmente recuperaremos el monto que se pague con quienes resulten responsable”, explicó.

La Síndico Procurador, de manera pública, refirió que en las investigaciones están involucrados los exalcaldes desde el gobierno de Alejandro Higuera hasta el último, de José Joel Boucieguez Lizárraga.

“En este proceso tenemos involucrados desde Higuera hasta Boucieguez, estamos en este proceso de la investigación y nos trazamos una ruta crítica para eso, para resolverlo y llegar a la última etapa que es regresar lo que se llevaron”, dijo.

Bojórquez Mascareño aclaró que sólo resta esperar el resultado de las investigaciones para conocer qué procederá en este caso de Nafta Lubricantes, y eso puede tardar hasta doce meses más.

No obstante, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, acusó a los medios de comunicación de difundir de forma irresponsable un monto a pagar de 300 millones de pesos, aun y cuando, fue la autoridad municipal quien dio a conocer la cifra.

Fuente: Internet

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