Culiacán, Sin.- El líder de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán interpuso una queja ante la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) en contra de presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el secretario del Ayuntamiento y algunos regidores del cuerpo de cabildo, por considerar que están violentando los derechos humanos del sector, así lo informó en conferencia de prensa.
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Detalló que denuncia va por discriminación administrativa, recaudatoria, fiscal, política, por un trato desigual entre iguales, abuso de autoridad de parte del municipio y violencia política, argumentando que en ningún momento se dio audiencia, ni aceptaron propuestas por parte de los locatarios.
“Y va después de una cerrazón del presidente municipal por no atendernos, intentamos agotar el diálogo, la negociación, sin embargo, se nos cerraron las puertas, hasta el momento el presidente municipal no ha dado la cara”, dijo.
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Sánchez Beltrán puntualizó que Culiacán arrastra en morosidad 6 mil 300 millones de pesos en el Impuesto Predial, donde destacó que el alcalde está limitando 20 millones de pesos.
Agregó que de las 310 mil claves catastrales que hay en Culiacán solamente el ocho por ciento corresponde al comercio como beneficiarios del predial, número que asciende a 25 mil claves catastrales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de la Defensa de Los Derechos Humanos de Sinaloa, Miguel Aguirre indicó que el primer paso del procedimiento es la recepción de la queja.
Sin embargo, apuntó que por mientras que se llega a una resolución que tiene carácter de sentencia como si todo fuera un procedimiento judicial, se emitirá a más tardar este jueves por la tarde una medida cautelar.
“Una medida previa que ante la afectación que ellos digan que está sufriendo, pues el ayuntamiento disponga de un mecanismo para tratar de solventar y resolver el asunto, antes de que se meta una recomendación, es una cuestión de una medida urgente”, dijo.
Finalmente, Leonel Aguirre enfatizó que una vez hecha la investigación y en su momento si no hay una resolución conciliatoria para arreglar el problema se archiva la queja.
