Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente que dependencias del Gobierno de México estén interviniendo legalmente a favor de la planta de fertilizantes que la empresa Proman GPO construye en el puerto de Topolobampo, en Ahome, luego de que se realizara una consulta a los pueblos indígenas y el proyecto obtuviera la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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Durante la rueda de prensa matutina que ofrece la mandataria federal, fue cuestionada por la construcción del proyecto industrial que cuenta con una inversión de mil 600 millones de dólares en su primera fase y promete generar más de 650 empleos directos, bajo el argumento de que las autoridades de los tres niveles de gobierno “litigaron” a favor de la empresa privada.
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Ante esto, Sheinbaum Pardo expresó que tanto la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como la de ella se guían bajo los principios de legalidad, respeto a las comunidades y protección ambiental.
Además, explicó que el proceso para determinar la viabilidad del proyecto industrial en Topolobampo, que será un gran impulso para la producción agrícola y el desarrollo económico del norte de Sinaloa, se hizo cumpliendo con todos los lineamientos y leyes en el país.
“No acepto que la Semarnat esté actuando en contra de las comunidades. No es cierto que esta Secretaría esté litigando a favor de una empresa. Lo que hace la Semarnat, en el marco del gobierno del presidente López Obrador y de nuestro gobierno, es recibir y evaluar, conforme a la ley, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) presentadas por los promotores de los proyectos, y determinar si tienen o no viabilidad”.
“La ley establece claramente que debe evaluarse el impacto ambiental, dialogar con las comunidades y, en función de eso, determinar si un proyecto es viable. Esto aplica en cualquier parte del país”.
“En su momento se realizó la evaluación del impacto ambiental. Si aún existen comunidades inconformes, siempre habrá diálogo y comunicación. Pero no puedo aceptar que se diga que desde la Semarnat o desde nuestro gobierno se está litigando contra una comunidad, porque eso no es cierto”, dijo la presidenta de México.
Subrayó que hay atribuciones que corresponden a los gobiernos estatales, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y otras que son competencia de la federación. En el caso de una industria química, la evaluación corresponde a la federación.
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y explicó que los procedimientos de evaluación ambiental, como las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), se realizan bajo criterios técnicos y conforme a lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Aclaró que cuando un proyecto afecta a comunidades indígenas, la consulta debe hacerse a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), conforme al Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
