Culiacán, Sinaloa. – Tras los hechos ocurridos durante el Culiacanazo, el titular de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Miguel Calderón Quevedo envió un mensaje tanto al Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como al Gobierno Estatal y Municipal, así como a la fiscalía general del Estado y hasta a diputados locales de Sinaloa.
En específico a los legisladores del estado les pidió que despierten y actúen, pues criticó que su participación tras el jueves 5 de enero ha sido pasiva.
Asimismo, a través de un comunicado les exigió liderazgo como representantes de los sinaloenses, pues destacó que su posición es la indicada para lanzar una Gran Convocatoria Pública y para corregir la situación de inseguridad de Sinaloa, dejando de lado las agendas partidistas.
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Al respecto y en respuesta, este viernes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez le recomendó a Miguel Calderón busque un curso de alfabetización sobre política de estado y de lo que significa justamente atender problemas de esta magnitud.
“El titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública no sabe leer la realidad, además, soslaya la historia. Por eso pareciera ser que vive una situación de hipersomnia y que en ese sentido sería recomendable que tomara un curso de alfabetización sobre política de estado para que trascienda esa condición que no le permite ver justamente la realidad”, dijo.
Castro Meléndrez aseguró que el Congreso del Estado está asumiendo desde la naturaleza constitucional lo que les corresponde, por un lado, a lo que se refiere al proceso legislativo de fiscalización y en esa perspectiva la representación popular.
Cabe mencionar que, en este mensaje, el titular del CESP demandó al Gobierno de México que desmantele sus estructuras financieras y políticas, así como el libre e ilegal flujo de armamento; que, con la misma prioridad presupuestal otorgada a los cuerpos policiales y militares, se fortalezca la prevención del delito, corrigiendo de una buena vez las causas que lo generan.
Asimismo, pidió que se informe la verdad, con plena transparencia, de las víctimas civiles que resultaron del operativo, así como del costo patrimonial para los ciudadanos; que sin regateos se les repare el daño a las víctimas civiles y a sus familias, ajenas al operativo, y se les restituyan las afectaciones patrimoniales; y que para este proceso se personalice en Sinaloa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación para que tome responsabilidad.
También, externó que deben de brindar garantía de no repetición, pues apuntó que no es aceptable que cada vez que ocurra un operativo de esta magnitud, el territorio del estado sea tomado por la delincuencia.
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También, convocó a que se garantice la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico, ya que nueve reporteros fueron agredidos en la cobertura del 5 de enero.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó que al ser la instancia competente para salvaguardar los derechos fundamentales y que a la fecha no ha actuado sobre las vejaciones de las cuales fueron víctimas los Culiacanenses ante el operativo implementado por las fuerzas federales.
Al Gobierno de Sinaloa que eficientice puntualmente sus procesos de comunicación útil en casos de enfrentamientos. Enfatizó que el Ejecutivo estatal no debe dejar vacíos de información que sólo generan incertidumbre y permiten el espacio para noticias falsas, como ocurrió el jueves 5 de enero y como también sucedió el jueves 17 de octubre de 2019.
Solicitó que actúe con interés y presupuesto importante en la prevención del delito del fuero común. En la incidencia delictiva de Sinaloa confluyen una serie de delitos que han dañado el tejido social, lo que a la postre de alguna manera ha fortalecido al crimen organizado; que en caso de enfrentamientos atienda con prontitud el resguardo y auxilio de la ciudadanía de manera proactiva, no reactiva; que a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Sinaloa se brinde atención y apoyo oportuno a las víctimas de estos hechos en coordinación con la Comisión Federal; y que fortalezca con prontitud a las corporaciones de Seguridad Pública, tanto a nivel estado como municipal, pues la falta de protocolos claros para la contención de la delincuencia, dan muestra de la debilidad que se tiene ante hechos violentos como los de 2019 y del 5 enero pasado.
A la fiscalía general del Estado que cree una mesa especial de Ministerio Público para la atención pronta y expedita a las víctimas del 5 de enero, así como para su seguimiento puntual hasta que cada uno de los casos haya quedado resuelto o concluido y que fortalezca y sea proactiva en la investigación del narcomenudeo, delito de su competencia, para abatir uno de los ingresos ilegales con que se financian las estructuras del crimen organizado.
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Al Gobierno de Culiacán que investigue la labor de la Secretaría de Seguridad Pública municipal durante los acontecimientos del 5 enero, dado el consenso entre la ciudadanía que advierte que no hizo acto de presencia. Lo que quedó de manifiesto con la serie de saqueos registrados.
Por último, a todas las y los Sinaloenses los invitó a hacer una autocrítica y poner su granito de arena. Donde destacó que tiene que vivir en una democracia que respeta el Estado de Derecho y la convivencia con las demás personas: en la familia, en la colonia, en el trabajo, en la calle y en todos los espacios públicos donde interactuamos con otras personas; no hacer negocios con empresarios o prestanombres de la delincuencia organizada, no consumir sus productos o servicios, no invertir ni confiar en ellos.
