Culiacán, Sin.- Jesús Estrada Ferreiro no es el primer alcalde en ser desaforado por el Congreso de Sinaloa, hace 20 años hubo otro más pero en aquella ocasión, pesó la denuncia por agresión física, a una mujer: su esposa.
En junio del 2002, hace exactamente 20 años, fue desaforado Jorge Rodríguez Pasos de la Presidencia Municipal de Mazatlán después de haber sido denunciado por su entonces esposa de violencia familiar.
En abril de ese año, Consuelo Olovas, vivió una lucha legal para protegerse y evitar que más agresiones se presentaran por su entonces marido, a quien denunció en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por los delitos de lesiones y amenazas, lo que derivó en que dicha instancia presentara ante el Legislativo una solicitud de procedencia.
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Y es que la cosas se salieron de control en el matrimonio e incluso, se indicó que la demandante fue parar al hospital, motivo que fue suficiente para que las autoridades legislativas aprobaran el desafuero del entonces alcalde tras determinarse legalmente por las instancias correspondientes una sentencia de cinco meses de prisión y una multa de mil 417 pesos.
En 2015 Rodríguez Pasos, ya aparecía de nuevo en el escenario político, esto debido a que siendo regidor del ayuntamiento de Mazatlán, inició una campaña para conseguir una candidatura a diputado local.
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En 2020 el también expresidente del Partido del Trabajo, de nuevo tuvo problemas maritales, ya que su entonces pareja y exregidora del cabildo Gabriela “N”, lo acusó de violencia doméstica, e incluso, elementos policiacos acudieron al domicilio para atender la situación.
Y aunque a diferencia de Rodríguez Pasos, al ahora alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro no se le ha acusado de violencia física, sí pesan sobre él señalamientos de agresiones verbales, violencia política de género y atentar contra beneficios ganados entre grupos vulnerables como viudas de policías y pensionados.
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Además, fue sumamente criticado por la lucha que emprendió contra Graciela Domínguez, hoy secretaria de Educación Pública y Cultura, pero al momento de los problemas como diputada y presidenta de la Jucopo a quien incluso le echó en cara situaciones personales; con la Fiscal del estado Sara Bruna Quiñonez las críticas de Ferreiro fueron de linchamiento político y ser “títere el gobernador. Además acusó directamente a Rocha Moya de orquestar todo un plan para borrarlo del mapa de la alcaldía y señaló un “gobierno amafiado”.
Así que hoy, 20 años después, la historia se repite y otro alcalde es desaforado, destituido y puesto frente al Congreso del Estado quien hoy, a diferencia de hace dos décadas, el tema de violencia de género es sumamente castigado, sea quien sea.
