Culiacán, Sinaloa.- Ante su probable destitución y una orden de aprehensión por los delitos que se le investiga en la Fiscalía General del Estado (FGE), el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, interpuso un amparo en el Consejo de la Judicatura Federal.
En el expediente, indica que “la demanda de amparo que promueve la persona señalada, por su propio derecho, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades”.
En ese sentido, señala como responsables a las autoridades a la Fiscalía General del Estado y Vicefiscal General, ambos del Estado de Sinaloa, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, y Vicefiscal de Derechos Humanos.
En la demanda, Estrada Ferreiro plasmó que “El día de hoy 3 de junio del año en curso, me enteré por los medios de comunicación que la Fiscalía del Estado de Sinaloa, había solicitado al Congreso del Estado de Sinaloa, declaratoria de procedencia contra el suscrito, quien actualmente ocupo el cargo de Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa”.
En ese contexto, precisó que desconoce de forma contundente de que se le acusa, que delitos se le imputan, quienes fueron los denunciantes, pues solo escuchó que se trata de delitos de abuso de autoridad y discriminación, ignorando los nombres de las personas que supuestamente resultan víctimas u ofendidas.
Además, aduce ser víctima de tortura, pues afirma que se ha estado transmitiendo en redes sociales y retransmitiendo un audio que dice “Plebes que mataron al alcalde con todo y sus escoltas.
Asegura que eso le ha causado a él y a su familia ansiedad, depresión, delirios de persecución, insomnio, pesadillas, inestabilidad afectiva, pérdida de memoria o concentración; sin embargo, no es dable equiparar los hechos que narra con actos de tortura, pues no se advierte que esté siendo sometido a afectaciones físicas o mentales graves, que sean infligidas intencionalmente y con un propósito determinado con el fin de obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o que tengan por objeto menoscabar su personalidad o la integridad física o mental, requisitos inexorables para que se acredite estar siendo víctima de tales actos prohibidos.
En el oficio, el juez solicita que manifieste, si es su deseo señalar con el carácter de autoridad responsable al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, y precise cuál es el acto o actos concretos y específicos que desea reclamar de cada una de las autoridades que señala como responsables.
Hasta que el juez federal reciba la información requerida, resolverá si concede o no la suspensión provisional.
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