Mazatlán, Sinaloa. Del 22 de julio al 20 de agosto de 2026, el Gobierno Municipal ofrecerá descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos a todos los contribuyentes que presenten morosidad en el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI).
En la sesión extraordinaria de Cabildo número 32, realizada este miércoles 22 de julio de 2026, el regidor Jesser Martínez Otero, coordinador de la Comisión de Hacienda, propuso autorizar al tesorero para que pueda llevar a cabo la condonación de las multas y recargos de dicho gravamen.
El dictamen fue aprobado por unanimidad, por parte de 12 de los 14 integrantes del Cabildo que acudieron este día, toda vez que los ediles del PAN, Wendy Barajas y Felipe Parada, presentaron aviso ante la Secretaría del Ayuntamiento para justificar su inasistencia.
“Se autorice por parte del pleno del Ayuntamiento al tesorero para que pueda llevar a cabo la condonación de las multas y recargos hasta el 100 por ciento a todos aquellos contribuyentes morosos que presenten adeudos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), esto durante un periodo de 30 días, comprendido del 22 de julio al 20 de agosto de 2026”.
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Cabildo da luz verde, por mayoría, a armonizaciones legislativas
Por mayoría, el cuerpo edilicio también aprobó el decreto número 494, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de Sinaloa, para armonizar con la Constitución federal en materia de no reelección, nepotismo, tope presupuestario del Poder Legislativo, entre otros.
El secretario del ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, afirmó que estas reformas entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2030. Asimismo, también se avaló fortalecer la perspectiva de género, así como aplazar la fecha de la elección de las personas titulares de los cargos del Poder Judicial.
En estas reformas ven riesgo de politización del Poder Judicial
En este sentido, las regidoras Maribel Chollet, del PRI, y My-Lai Quintero, de Movimiento Ciudadano, expusieron que esta modificación a la reforma legislativa, apenas unos meses después de su aprobación, muestra que se impulsó una reforma de enormes dimensiones sin el consenso, la planeación y el análisis técnico que una modificación de esa naturaleza exigía.
“La justicia no puede construirse sobre la improvisación ni sobre constantes al diseño constitucional. Las instituciones requieren estabilidad, reglas claras y visión de Estado, y los cambios requieren siempre el diálogo y el consenso. El mayor riesgo de esta reforma es la posible politización del Poder Judicial y el debilitamiento de su independencia, como ya se está viviendo en este país”, señaló la edil priista.
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