Culiacán, Sinaloa. En el Congreso del Estado de Sinaloa avanzó una iniciativa que eleva las penas de cárcel y multas para personas deudoras alimentarias, las cuales en materia política electoral no podrán ocupar candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas de procuración, regidurías ni a cargos concejiles de síndicos y comisarios municipales.
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Lo anterior, después de que en la sesión ordinaria de este martes se le dio primera lectura a dicha iniciativa y fue turnada para una segunda lectura de ley.
Se propone aumentar la pena de prisión tanto del delito en lo genérico como en la modalidad de colocarse en estado de insolvencia de tres meses a dos años y de seis meses a tres años, respectivamente, a una de dos a cinco años y de tres a seis años.
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Por lo que respecta a la multa se propone pasar en el delito genérico de 90 a 180 días multa a una de 180 a 360 días, y en el caso de la modalidad de colocarse en estado de insolvencia aumentarse de 180 a 360 días multa a una de 360 a 600 días multa, entre otras propuestas.
Asimismo, se propone la coexistencia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a efecto de que ambos sirvan como plataformas para dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes operados simultáneamente por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Además, se limita el registro de candidaturas a los cargos de presidencia municipal, sindicaturas de procuración, regidurías de los ayuntamientos, a cargos concejiles de síndicos y comisarios municipales.
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Como derechos alimentarios se precisan la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto, así como los gastos derivados de la educación y la formación para un arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, y en caso de que haya discapacidad, que se haga lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo.
Quienes estén al frente de Notarías Públicas deberán solicitar a las partes (en los casos de compra-venta de un bien inmueble y la constitución o transmisión de derechos reales) las constancias de no inscripción como deudores alimentarios morosos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
