Guasave, Sinaloa. Abogados y representantes del sector empresarial anunciaron que unirán esfuerzos para solicitar de manera conjunta el inicio de operaciones del Centro de Justicia Penal en Guasave, cuya infraestructura ya se encuentra concluida, pero aún no ha comenzado a funcionar, señaló Efraín Ibarra Espinoza.
El presidente del Bloque Regional de Abogados, dio a conocer que la convocatoria contempla una presencia institucional este sábado a partir de las 8:30 horas en el edificio ubicado sobre la carretera México 15, con la participación de colegios del ámbito jurídico, así como de integrantes de la intercamaral, quienes respaldaron la iniciativa.
“El tema es pedirle al gobernador el inicio de operaciones, pedirles a todas las instancias el inicio de operaciones. Todos los colegios de la región están puestos para asistir. También quiero anunciarles que me he reunido con los diferentes representantes de la intercamaral, y ellos han tomado también el acuerdo de hacer acción conjunta con nosotros”, indicó.
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El dirigente explicó que esta acción conjunta entre abogados y empresarios busca fortalecer el diálogo institucional y contribuir a que este centro de justicia que tanto gestionaron, cumpla con su función de mejorar el acceso a la justicia en la región.
Ibarra Espinoza reconoció que la construcción de este inmueble fue posible gracias a la atención del actual gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, luego de varios años de gestiones, por lo que ahora el objetivo es avanzar en una segunda etapa, que es la puesta en marcha, aun y cuando no se cuente todavía con un centro penitenciario contiguo.
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Como parte de esta reunión que sostendrán, se ofrecerá atención a medios de comunicación con el propósito de informar a la ciudadanía sobre las acciones emprendidas y las razones por las cuales consideran viable el inicio de funciones.
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¿Por qué abogados y empresarios consideran importante que el Centro de Justicia Penal de Guasave comience a operar?
Porque permitiría agilizar procesos judiciales, mejorar la coordinación entre autoridades, y ofrecer a la ciudadanía un acceso más eficiente y ordenado a los servicios de justicia.
