Sinaloa municipio, Sinaloa. Con un clamor desesperado, madres de familia tarámaris solicitaron al gobernador Rubén Rocha Moya la pronta puesta en marcha del comedor comunitario de Las Tunas de Abajo, una obra anunciada como un avance para las comunidades indígenas en 2020, pero que permanece inoperante desde entonces.
El comedor ubicado en la sindicatura de San José de Gracia fue inaugurado en 2020 durante la administración de la entonces alcaldesa María León. Sin embargo, la infraestructura carece de equipo básico para operar: no hay licuadoras, ollas, platos, vasos, cubiertos ni mesas o sillas. Esta situación ha dejado a al menos 67 niñas, niños y adolescentes de la región sin acceso a un espacio para recibir alimentos saludables y gratuitos.
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“Señor gobernador, le pedimos que nos eche a andar el comedor, ya que tiene cuatro años que no funciona. Somos indígenas, necesitamos que nuestros hijos tengan desayuno y comida, especialmente porque muchas familias tienen varios niños que vienen de lejos y no tienen dónde comer”, expresó con preocupación la madre durante un llamado público.
En diciembre de 2020, la apertura del comedor fue presentada como un avance para las comunidades indígenas de la sierra sinaloense, pero pronto quedó en el abandono. Desde entonces, los habitantes de Las Tunas de Abajo han insistido en su reactivación, argumentando que el comedor es vital para garantizar la alimentación de los menores, especialmente en una región minera con caminos de difícil acceso.
“Los niños tienen que salir de la escuela, regresar a sus casas para comer y después volver, lo que es complicado y en muchos casos imposible. Necesitamos que funcione el comedor ya”, subrayaron los habitantes.
El 21 de octubre pasado, el comisario de San José de Gracia envió un oficio al Congreso de Sinaloa solicitando que se destinen recursos de los 17 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la atención de comunidades indígenas. El documento detalla que con una pequeña inversión se podría equipar el comedor y finalmente ponerlo en marcha.
La comunidad tarámari hace un llamado urgente al gobierno estatal para que priorice la reactivación de esta obra. No solo es una cuestión de infraestructura, sino de dignidad y derechos humanos básicos.
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“Los niños no pueden seguir esperando. Es indispensable que el comedor funcione para garantizar su derecho a la alimentación. Gobernador, necesitamos su apoyo ahora”, concluyeron los habitantes.